La norma a la que ha accedido Portugal responde, en buena medida, a las presiones que ha venido ejerciendo en los últimos meses el colectivo de trabajadores españoles en el país vecino, muchos de ellos gallegos. La Asociación de Profesionales Españoles de la Salud en Portugal presentó una demanda en el Tribunal Administrativo de Lisboa para pedir la derogación de una ley «discriminatoria y obsoleta». La Embajada española también transmitió a las autoridades lusas el malestar entre los trabajadores españoles y emprendió gestiones de cara a buscar una solución al conflicto. Los afectados por la cuestión de la matriculación de sus vehículos organizaron una manifestación simbólica en septiembre en Lisboa.
Las demandas llegaron también a la Comisión Europea y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien los trabajadores españoles en Portugal le pidieron que defendiese sus derechos ante una ley «antieuropea».