El 20% de las viviendas que hay en Ferrol están desocupadas

ANTÍA URGORRI, a. BRUQUETAS FERROL / LA VOZ

FERROL

Recimil y Caranza suman casas vacías a las ya existentes en el centro y Ferrol Vello

20 jul 2011 . Actualizado a las 11:58 h.

Una quinta parte del parque de viviendas que tiene Ferrol se encuentran desocupadas, según los últimos datos que maneja el Instituto Galego de Estatística (IGE). Son 7.559 hogares vacíos frente a los 39.137 de los que tiene constancia en el municipio el organismo oficial.

Viviendas, estas, repartidas por todo el concello y en manos tanto de la administración pública, local y autonómica, como privadas. Son circunstancias especiales en las que se solapan competencias de diferentes organismos y que dificultan aún más el poder invertir la tendencia.

La desocupación de viviendas en Recimil, del Concello, y, en consecuencia, la proliferación de okupas, es un problema contra el que el gobierno lleva años luchando, llegando incluso a tapiarse las puertas. Recientemente, a este caso se suma el de Caranza, donde la competencia ya no es municipal, sino del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), de la Xunta.

Aunque las alarmas saltaron el pasado lunes, cuando salió a la luz el caso de una familia sin recursos de Caranza que dijo iba a ser desalojada, la asociación de vecinos revela que en los últimos meses son muchos los residentes en las viviendas de promoción pública que se han encontrado con que ahora la administración gallega les reclama deudas que tenían contraídas desde los años noventa. «Creemos que no es el momento adecuado de reclamar ese dinero, en un momento de crisis en el que las familias lo están pasando muy mal», afirma el presidente, Santiago Magán.

La entidad ayuda a los vecinos a tramitar el fraccionamiento del pago y hace unos días mantuvo una reunión con el IGVS, el cual se comprometió a estudiar las circunstancias de cada caso.

El presidente de la asociación de Recimil, Jesús Caselas, señaló que desde su entidad hay que trabajar en tres frentes: poner coto a los problemas de inseguridad, desarrollar un plan comunitario y de formación para jóvenes ociosos que residen en el barrio y regularizar la situación de las personas arrendadas.