Comienzan a aplicarse las medidas acordadas por la junta local de seguridad, que incluyen los desalojos cautelares
02 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Concello de Ferrol emprenderá la vía penal para lograr el desalojo de nueve viviendas del barrio de Recimil. Son las que han sido invadidas de forma ilegal en los últimos cuatro meses y de las que tiene constancia la administración local. Y serán las primeras en estrenar las medidas jurídicas que anunciaba la última junta local de seguridad.
Sus casos serán tramitados como delitos de usurpación y a través de juicios rápidos y no por la vía administrativa, como las ocupadas de forma irregular hasta el momento. Esto supondrá, sobre todo, una mayor rapidez en la resolución de los expedientes. Si antes el procedimiento podía dilatarse durante más de un año, ahora la concejala de Seguridade Cidadá, Sandra Ríos, aguarda que se puedan resolver en el mejor de los casos «en semanas».
Además incluirá una diferencia sustancial: el Concello podrá pedir el desalojo como medida cautelar, un extremo que el gobierno local asegura que solicitará.
Primeros casos
El servicio jurídico externo que tiene contratado la administración local tiene en sus manos, para empezar su trámite, los expedientes de estos primeros casos, a los que se sumarán los siguientes que la Policía Local consiga confirmar que se han ocupado sin el pertinente título.
«Objetivamente está constatado que no hay un repunte delictivo en Recimil. Tampoco es el barrio de Ferrol donde hay más casos», asegura la concejala. Matiza que «para nada se le resta credibilidad» a las quejas del vecindario porque «es verdad que las ocupaciones se producen». Y asegura que «se está actuando» en cuanto se detecta una de ellas. «La presencia policial es disuasoria, pero no se puede tener un policía en cada puerta», señaló.
En estos casos «los tiempos de respuesta son muy importantes». Prácticamente, la única forma de impedir legalmente una ocupación es «cogerlos in fraganti». De lo contrario, será preciso aguardar a que la justicia resuelva.
El Concello ha decidido además hacer tapiados más contundentes en las viviendas que quedan vacías. Atrás quedó la época en la que se sustituía la puerta por una metálica, que en muchos casos servía para marcar visiblemente aquellos pisos que podían ser de nuevo ocupados. Ahora deberán derribar muros de hormigón y de ladrillo y cemento. La medida, además de disuadir, busca ralentizar el proceso, de forma que ante el ruido de los golpes y el tiempo que lleve a los okupas derribar los vanos tapiados favorezcan su detección y permitan alertar a la policía.
«No hay pócimas mágicas», admite la concejala ante la pregunta de si con todo esto se frenarán las invasiones. «Pero es verdad que esta semana no hemos registrado ninguna ocupación», añade. «La diferencia entre el Estado de Derecho y el de la patada en la puerta es esta». Y a pesar de que no siempre es el sistema más ágil, «hay que jugar con las cartas del sistema legal que tenemos», concluye.