Ofrece 15 euros por metro cuadrado, pero condicionados a que el 90% de los propietarios aceptan la oferta
06 may 2009 . Actualizado a las 11:41 h.Once millones de euros. Es la cifra que está dispuesta a desembolsar la sociedad estatal Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) para comprar todos los terrenos sobre los que se asentará el parque empresarial de Leixa, el primero de Ferrol. Estos días, técnicos de esa entidad acuden al local social de Santa Cecilia para atender de forma individual a cada uno de los ochenta vecinos con propiedades afectadas por el proyecto a fin de resolver sus dudas y, sobre todo, para tratar de convencerlos de que acepten la oferta económica para vender sus tierras. Ese acuerdo facilitaría los trámites y permitiría que la construcción del polígono pudiese comenzar este mismo año. «Si hay acuerdo, la intención es licitar el proyecto de urbanización este verano e iniciar las obras en otoño», en palabras del alcalde ferrolano, Vicente Irisarri.
El regidor se muestra optimista sobre ese posible acuerdo con los vecinos.
La última oferta económica de la SEA es abonar quince euros por metro cuadrado, pero siempre y cuando el 90% de los propietarios acepten la operación. Si no se alcanza ese porcentaje de aceptación, recibirían doce euros. Irisarri destacó que la propuesta inicial, que figura en el expediente de expropiación, era más baja: 9,80 euros el metros cuadrado. Pero «conseguimos subir el precio siempre y cuando haya el mayor consenso posible», destacó Irisarri. Además, en los últimos días se ha conseguido mejorar también la oferta, pues en principio la SEA aceptó los 15 euros el metro cuadrados, pero supeditado a garantizarse la compra del 90% de los terrenos.
Irisarri también subrayó que la sociedad pública se ha comprometido a pagar a los vecinos que acepten la oferta de forma inmediata y en una única entrega.
En las últimas semanas se han sucedido las reuniones entre los propietarios, la dirección de la SEA y el Ayuntamiento ferrolano para tratar de alcanzar una propuesta económica mejorada y lograr un «acuerdo por consenso» y evitar que los afectados recurran a los tribunales y se dilate el proceso de compra y la construcción del parque.