El ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, aboga por repensar el modelo de estructura territorial porque ya no es sostenible.
06 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El ex presidente del Tribunal Constitucional (1989-1998) y catedrático de Derecho Financiero y Tributario Álvaro Rodríguez Bereijo (Cedeira, 1938) aboga por repensar el modelo de estructura territorial porque ya no es sostenible. «Cuando se produce una crisis como la actual el Estado no puede sostener niveles de financiación como los que se aprobaron en el modelo de financiación del 2009, que se pretendía definitivo y ha saltado por los aires, como era previsible», lamenta. «Hemos llegado al límite de la sostenibilidad de unas comunidades autónomas configuradas políticamente como haciendas de gastos pero no de ingresos», alerta.
-El modelo autonómico de la Constitución de 1978 ha derivado en el «café para todos». ¿Ha sido positivo?
-Ha sido negativo, aunque seguramente inevitable. La Constitución contemplaba la existencia de nacionalidades y regiones y de dos modos de acceso a la autonomía, la vía rápida y la lenta. Diferenciaba dos niveles de autonomía, pero el referendo de Andalucía rompió ese esquema y se ha ido produciendo una igualación de los techos competenciales. Fue un error difícilmente evitable por las fuertes resistencias que producía la diferenciación cualitativa y cuantitativa en las comunidades de la vía lenta.
-¿Por qué fue un error?
-Porque rompió lo que estaba implícito en la Constitución y ha propiciado una carrera competencial en un movimiento en espiral ascendente de las comunidades de vía lenta y un movimiento para reivindicar el hecho diferencial en Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, en Galicia. En definitiva, en una frase muy apropiada del profesor Roberto Blanco Valdés, las tortugas han alcanzado a las liebres.
-¿Es sostenible el actual Estado de las autonomías?
-Cuando se aprobó la Constitución se dijo que el proceso de descentralización conllevaría una gestión más eficiente y racional. Pero la evolución del Estado autonómico no ha ido en esa dirección, sino en la contraria. Los territorios han copiado de forma mimética la estructura y el modelo de organización administrativa del Estado. Esto ha conducido a 17 fragmentos de Estado, utilizando la expresión de Jellinek, 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, 17 consejos económicos y sociales, y así sucesivamente. Esta superestructura es muy costosa, difícil de sostener en un momento de crisis profunda económica y fiscal del Estado, y por eso ahora está aflorando la contradicción de un desarrollo autonómico dejado a su propia dinámica política.
-¿Debe recuperar competencias el Estado?
-Más que recuperarlas, tendría que no hacer dejación de las que la Constitución le atribuye. Competencias homogeneizadoras muy fuertes de ordenación básica y coordinación, por ejemplo en materia económica. Esa dejación ha conducido a la imagen de impotencia que transmite el Estado cuando se trata de afrontar los retos de la crisis económica y financiera. Pero también la ha habido en la enseñanza o las políticas sectoriales. Lo que ha ocurrido en las dos últimas décadas es que el Estado progresivamente ha hecho dejación de esas competencias básicas, muchas de ellas inéditas, porque era conflictivo con ciertos poderes autonómicos y obligaba a un ajuste fino desde el punto de vista técnico.
-¿Ha habido despilfarro por parte de las autonomías?
-Rotundamente sí. Es indudable que han expandido hasta el exceso el desarrollo de su organización administrativa, pero hay que tener en cuenta también que la parte del león de su gasto corresponde a educación, sanidad y servicios sociales, cuyos costes de financiación han crecido mucho más rápidamente que la economía, lo que ha producido un déficit estructural. Pero ha habido despilfarro, a veces corrupción y, en todo caso, asignación ineficiente de recursos públicos escasos, multiplicando organismos innecesarios y empresas públicas que duplican y se superponen unos a otros ya existentes en la estructura administrativa de la propia comunidad autónoma o del Estado. Pero, sobre todo, se ha expandido el empleo público a unos niveles insostenibles.
-¿En Cataluña, cuyo déficit y endeudamiento se han disparado, ha habido mala gestión?
-Es una prueba de pésima e irresponsable gestión, de asunción de gastos muy por encima de su capacidad financiera y de sus recursos disponibles.
-¿Debería reformarse la estructura del Estado para convertirla en un sistema federal?
-España es ya material y funcionalmente un Estado federal. Pero hay que racionalizar el modelo de acuerdo con los recursos económicos y financieros disponibles. Buena parte del crecimiento espectacular de la economía española en los últimos 30 años hay que atribuirlo a la descentralización, pero también hay que ver la otra cara, sus disfunciones. Y, además, no se ha resuelto el problema de la integración de los nacionalismos periféricos.