La pulsera antimaltrato, bajo sospecha

Ivannia Salazar

ESPAÑA

Los expertos cuestionan la utilidad de los GPS destinados a proteger a las víctimas de violencia machista, de los cuales hay en uso solo 248 de los 3.000 disponibles

18 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

Nueve meses después de haber sido anunciado a bombo y platillo, el sistema GPS para proteger de sus agresores a las víctimas de violencia machista está subutilizado. De las 3.000 pulseras electrónicas disponibles -y cuyo objetivo es enviar un aviso si el agresor se acerca a la mujer- solo 248 están en funcionamiento. Así lo señaló el miércoles el delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien hizo un llamamiento a los jueces para que dicten la utilización de estos dispositivos, ya que hay «500 mujeres en situación de alto riesgo». Sin embargo, los expertos cuestionan su utilidad. El dato es aún más significativo si se compara con el bombo con el que fue anunciada la medida por los ministerios de Interior, Igualdad y Justicia, que invirtieron cinco millones de euros en el sistema. «Los juzgados tienen a su disposición los dispositivos y no los están utilizando», dijo Lorente.

Los datos hablan por sí solos. Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del 2009, en ese período se presentaron 35.270 denuncias. Y en lo que va de año, 21 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas, un 75% más que en el mismo período del 2009. Sin embargo, solo tres habían denunciado y contaban con una orden de protección, pero ninguna incluía un GPS.

Confianza de los jueces

Para Lorente, la utilización depende de factores como la confianza de los jueces en el dispositivo y la consideración de que el riesgo de la víctima es lo suficientemente elevado. «Si tenemos instrumentos para minimizar el riesgo, debemos recurrir a ellos para evitar agresiones graves», dijo en alusión a los magistrados, quienes toman la decisión final, aunque cuentan con las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, que, sin embargo, no tienen mucha fe en el instrumento.

Antonio Varela, secretario general de la Unión de Guardias Civiles de A Coruña, aseveró que «a los agentes nos deja casi sin tiempo de reacción. Una patrulla llega entre 4 y 7 minutos tras un aviso y, si el agresor estaba a 200 metros, imagínese lo que pudo haber pasado en ese tiempo», afirma. «Es muy triste, pero muchas veces el GPS sirve para decirnos dónde está la víctima». Varela explica que estas pulseras «se idearon para evitar que personas que debían permanecer en un recinto cerrado, por ejemplo en arresto domiciliario, no salieran de ahí, no para quienes están en la calle». Este guardia civil considera que su poco uso se debe a que «solo el 20% de las denuncias suponen un riesgo grave» y a que «los jueces pueden tener incluso impedimentos morales para usar la pulsera».

En esta línea se manifiesta una jueza madrileña que trabajó en un juzgado de violencia sexista y que pide el anonimato: «Se usan en casos de extrema gravedad, y esos son los menos». Reconoce que hay escepticismo en los jueces. «Falta probar el beneficio real del sistema para aumentar la credibilidad y, por lo tanto, su uso», afirma. En todo caso, considera que es «solo un método más» para combatir la violencia machista que por sí solo «no va a frenar las muertes».