Estima que el presidente no cometió cohecho porque no era competente para dar contratos a la trama
04 ago 2009 . Actualizado a las 14:07 h.Francisco Camps logró ayer una importante victoria judicial al archivar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la causa abierta contra él por considerar que no cometió un delito de cohecho pasivo. La decisión no cierra, sin embargo, la batalla política, pues deja abierta la posibilidad de que el presidente de la Generalitat mintiera y no despeja las dudas sobre su comportamiento ético.
La Sala de lo Civil y Penal no admite ni niega en su auto que Orange Market, la rama valenciana de la presunta trama empresarial corrupta que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, le regalara los trajes -«en la presente fase procesal ninguna versión es totalmente descartable»-, pero determina que, en cualquier caso, no existe una relación de causalidad entre estos regalos y la función que desempeña como presidente de la Generalitat valenciana, que considera imprescindible para que se dé el delito de cohecho. Lo mismo vale para los otros tres imputados, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
El TSJCV admite así sus recursos contra el auto del juez instructor, José Flors, quien sostenía que había indicios racionales de que cometieron cohecho impropio, y rechaza los de la Fiscalía y la acusación particular, representada por diputados socialistas valencianos, que pretendían continuar el proceso y extenderlo a los que pagaron los regalos.
La sala hace una interpretación restrictiva del artículo 426 del Código Penal, que castiga con pena de multa de tres a seis meses a la autoridad o funcionario público que admitiera dádiva o regalo que les fuesen ofrecidos «en consideración de su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente». Considera que este tipo no se puede aplicar de forma «automática a Camps y los demás acusados, aunque recibieran regalos caros y fuesen autoridad o funcionario público», porque para que haya delito deberían haberlos recibido en consideración a «actos propios de su función». Dado que ninguno de ellos eran competentes para realizar las adjudicaciones de los contratos a las empresas de la supuesta trama corrupta no existe el nexo causal entre los regalos y la función que desempeñaban. Todo ello, señala el auto, «con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético» que se puedan hacer.
La decisión fue adoptada con los votos favorables del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa -de quien Camps dijo en un acto público que es más que un amigo- y el magistrado conservador José Francisco Ceres. El tercer integrante de la sala, Juan Montero, emitió un voto particular en contra, en el que expresa sus dudas de que los hechos imputados a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito y considera que debería haber continuado el proceso hasta aclararlo.
La resolución del caso de los trajes del presidente valenciano acabará probablemente en manos del Tribunal Supremo.