Acusa a los socialistas de utilizar los recursos del Estado para perseguir solo a las instituciones populares
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El PP guardó inicialmente silencio sobre la trama de corrupción desentrañada por el juez Garzón y que supuestamente salpica a cargos públicos populares en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Pero unas declaraciones de José Blanco en un acto de los socialistas en Boimorto provocó una rotunda respuesta del PP, que acusó al PSOE de utilizar a la policía y la Fiscalía para intentar eliminar al principal partido de la oposición.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene previsto interrogar, en calidad de imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o fraude fiscal a numerosos cargos públicos del PP de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, a los que considera relacionados como la trama empresarial desmembrada el viernes tras un año de pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, y en la que estarían implicadas, con distinto grado de participación, más de treinta personas, incluidos muchos cargos públicos del PP.
Las citaciones se producirán a lo largo de las próximas semanas, según informaron ayer fuentes judiciales. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explicaron que antes de comenzar a imputar a cargos públicos, que deberán explicar en el juzgado contratos irregulares u operaciones urbanísticas sospechosas que beneficiaron a las sociedades investigadas, es necesario primero desentrañar bien el funcionamiento de la red empresarial, de la que las fuentes citadas siguen haciendo responsable a Francisco Correa Sánchez.
Persecución selectiva
Las filtraciones judiciales y unas palabras de Blanco llevaron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a acusar al PSOE de emplear los medios que tiene el Ejecutivo a su disposición «en una estrategia de eliminación del PP». Argumentó que que las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura o Cataluña, entre otras dirigidas por los socialistas, «nunca reciben órdenes de investigación» de la Fiscalía General del Estado.
«Se está poniendo en peligro el Estado de derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición», aseveró. En nombre del PP, exigió que la Justicia sea rápida: «Para que todos sepamos cuanto antes si estamos ante una peligrosa red de tráfico de influencias o ante una maniobra electoral del partido del Gobierno».
Agregó que «el PP es un partido honrado, sus militantes son militantes honrados y sus dirigentes son dirigentes honrados», aunque admitió que en esta formación, como en todas, «hay personas que no hacen lo correcto». Pero, añadió: «Ya nos hemos hartado de que solo se persiga la incorrección por parte del fiscal general del Estado en el PP».