España intenta evitar que un etarra se ampare en la euroorden para impedir que Francia lo extradite
ESPAÑA
España pidió ayer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la extradición desde Francia del presunto etarra Ignacio Pedro Santesteban Goikoetxea, una petición que París está dispuesta a satisfacer, pero que rechaza la defensa del acusado, que argumenta que sus delitos han prescrito. En un proceso de urgencia, el Tribunal de Luxemburgo celebró ayer una vista oral para examinar una serie de cuestiones prejudiciales relativas a la orden de detención europea (euroorden) y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
El Gobierno español solicitó por segunda vez el pasado junio la extradición de Santesteban, acusado en España de integrar un comando encargado de transportar explosivos para ETA, y que ese mes completaba el cumplimiento de una pena de 10 años de prisión en Francia. Esta nueva demanda se hizo en virtud del Convenio de Dublín de 1996, que entró en vigor en Francia en el 2005 y que establece que no se podrá denegar la extradición porque la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido, al contrario de lo que establece la orden de detención europea, que se aplica en los Estados miembros desde el 1 de enero del 2004.
La letrada representante de Francia indicó que España podía hacer uso de instrumentos de entrega entre Estados miembros firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la euroorden, y que esta «no congela» el sistema clásico de colaboración entre países.
La defensa de Santesteban calificó de oportunista la voluntad de España de utilizar un convenio anterior a la aplicación de la euroorden, e insistió en que su extradición ya fue denegada por Francia en el 2001, por lo que una nueva petición de extradición «vulnera principios fundamentales», como la seguridad jurídica, porque «entonces se podría poner en entredicho cualquier cosa ya juzgada».
Las defensas de Francia y España precisaron que la euroorden permite el uso de otros convenios si eso ayuda a simplificar los procesos de entrega, lo que las autoridades francesas seguirán empleando para hechos acaecidos antes de 1993, como es el caso de Santesteban.