El Constitucional avala así el artículo que establece la prórroga automática del mandato del presidente y del vicepresidente del tribunal hasta que se produzca la siguiente renovación parcial del mismo.
09 abr 2008 . Actualizado a las 20:43 h.El Tribunal Constitucional eliminó hoy el último obstáculo para que el Senado pueda designar en las próximas semanas a los cuatro magistrados que renovarán un tercio del pleno de esta institución.
El tribunal, por cinco votos a tres, rechazó hoy el recurso de amparo que el PP presentó en julio pasado contra dos artículos de la ley orgánica que regula el funcionamiento de la institución, que el Parlamento había modificado en mayo del año pasado.
Los magistrados dan así validez definitiva al artículo que permite prorrogar de manera automática el mandato del presidente del tribunal, fijado en tres años, cuando expira antes de que se produzca la renovación de los miembros del pleno. De igual manera, respaldan la constitucionalidad de la disposición de la nueva ley que prevé que las comunidades autónomas tengan un papel central en la designación de los cuatro magistrados de la corte que el Senado nombra cada nueve años.
La resolución, respaldada por la mayoría progresista y con el voto en contra de tres magistrados conservadores, tiene como efectos inmediatos confirmar de manera interina en el puesto a la actual presidenta, María Emilia Casas, cuyo mandato expiró en julio pasado, y acabar con la última excusa para que los partidos mayoritarios del Senado, PP y PSOE, entierren el enfrentamiento partidista y aborden la renovación consensuada de un tercio del tribunal, pendiente desde diciembre pasado.
El desbloqueo legal coincide con las palabras de José Luís Rodríguez Zapatero en el debate de Investidura, donde fijó como una de las acciones prioritarias de su futuro Gobierno y del PSOE terminar con la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.
Renovación por tercios
Los doce miembros del Constitucional, designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Poder Judicial, se renuevan cada tres años por tercios y en diciembre pasado expiró el mandato de los cuatro nombrados hace nueve años por la cámara alta: la progresista María Emilia Casas (presidenta) y los conservadores Guillermo Jiménez (vicepresidente), Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde.
La nueva ley orgánica, en el artículo ahora validado por el tribunal, prevé que el Senado designará por mayoría de dos tercios a los cuatro magistrados que le corresponden de entre los candidatos que le propongan de forma previa los parlamentos de todas las autonomías, que podrán postular un máximo de dos nombres por cámara.
La aritmética de la cámara alta obliga a un consenso de los candidatos entre el PP y el PSOE, para poder alcanzar la mayoría cualificada necesaria, por lo que todas las fuentes consultadas coinciden en apuntar que cada partido propondrá a dos de los futuros magistrados.
La nueva representación de las fuerzas políticas cambiará el equilibrio de sensibilidades en el Constitucional, ahora formado por seis magistrados progresistas y seis conservadores y que, tras la renovación propugnada por el Senado, tendrá un pleno formado por siete progresistas y cinco conservadores.
La resolución de este recurso se desarrolló en medio de una dura batalla política para condicionar la sentencia. El Gobierno, con el respaldo de la sala, recusó a dos de los magistrados conservadores que se contaminaron al criticar de manera anticipada la reforma recurrida. El PP contestó con el intento de recusación de tres magistrados progresistas, que fue rechazado por el tribunal al entender que la impugnación se basaba en motivos falsos y era un fraude de ley.