La normativa permite ceder datos genéticos de sospechosos al CNI, pese a no dedicarse a labores policiales
10 nov 2007 . Actualizado a las 03:46 h.La base única de datos policiales de ADN, cuya ley reguladora entró ayer en vigor y en la que se unifican los ficheros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, permitirá esclarecer al año entre 4.000 y 5.000 casos sin resolver, desde homicidios y agresiones sexuales a robos con fuerza y delitos de terrorismo.
El comisario de la Policía Científica Antonio del Amo advierte que «esto no es el CSI, donde parece todo tan bonito, siempre consigues los indicios, reconstruyes todo y las pruebas de ADN te dicen en una hora quién es». «Todo lleva sus plazos», concluye Del Amo.
La base única, que cuenta con unos 45.000 perfiles genéticos, de los que solo unos 6.000 están identificados, facilitará también la identificación de personas desaparecidas o de restos cadavéricos.
Sin consentimiento previo
Hasta ahora, según el comisario Del Amo, esos perfiles han sido recogidos con autorización judicial o del implicado, pero la ley que ayer entró en vigor va a permitir obtener muestras sin necesidad del consentimiento previo de los detenidos por delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas, robos con violencia, crimen organizado o terrorismo.
Sin embargo, para el genetista del Instituto Nacional de Toxicología Antonio Alonso, la falta de regulación de la toma de muestras sin consentimiento puede acarrear problemas ético jurídicos.
Alonso sugiere que eso se podría solventar con la creación de una comisión nacional sobre el uso del ADN, en la que se tratase el tema del consentimiento y de la confección de formularios para la obtención de la autorización.
Según este experto, la ley «establece de manera muy abierta que a cualquier individuo se le pueda tomar una muestra siendo sospechoso, detenido o imputado», y precisa que cuando estos expresen su negativa a someterse a este tipo de pruebas, será necesaria la autorización judicial.
No obstante, «hoy en día el ADN se puede tomar de cualquier individuo sin que esté informado, sin que se dé cuenta, simplemente con un seguimiento», observa Alonso, que destaca que es precisamente esta práctica la que puede traer problemas.
Como ejemplo, recuerda el recurso que el etarra Orkatz Gallastegi impuso ante el Tribunal Supremo contra una sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó basándose en una prueba de ADN practicada sobre «restos biológicos de un escupitajo» tomados sin saberlo él cuando ya estaba detenido.
El Supremo lo absolvió argumentando que «no puede tener validez probatoria alguna el análisis de ADN practicado sobre una muestra biológica indubitada que fue obtenida sin las garantías exigidas por nuestra ley procesal».