No habrá descentralización de la Justicia. Al menos, en esta legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista da ya por imposible aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que debía dar cobertura a los consejos autonómicos de justicia, una figura que, a día de hoy, solo existe sobre el papel en los estatutos de autonomía recientemente reformados. La renuncia supone un varapalo para el Gobierno, toda vez que el proyecto formaba parte de la lista de leyes con las que el jefe del Ejecutivo pretendía rematar la legislatura.
José Luis Rodríguez Zapatero se marchó de vacaciones en agosto con una lista de tareas pendientes para el último período de sesiones. Consistía en la aprobación de once leyes que él mismo definió en la Moncloa el 27 de julio como «muy importantes para cumplir los objetivos programáticos y de investidura». Muchas de ellas, como la reguladora del mercado de valores, o la de la hipoteca inversa, ya están en el Senado. Otras, como la Ley de la Memoria Histórica, pasarán pronto el filtro del Congreso. Pero lo relativo a la Justicia sigue empantanado.
Los fuertes desencuentros entre los dos partidos mayoritarios han hecho que ese paquete de medidas, con el que el Gobierno pretendía adaptar la Justicia al Estado de las autonomías, naufrague. La reforma, calificada en su día de inoportuna y dudosamente constitucional por un dividido Consejo General del Poder Judicial, preveía que los consejos autonómicos asumieran competencias hasta ahora reservadas al CGPJ y relativas a la dotación de medios, habilitación de edificios o gestión de personal de juzgados, en el ámbito de sus comunidades.
Esta reforma estaría vinculada a otra que también permanece en el limbo parlamentario, y que delega en los tribunales superiores de las comunidades autónomas tareas del Tribunal Supremo. Se descargaría así de trabajo al alto tribunal y se crearía la segunda instancia penal ahora inexistente, una carencia que le ha costado a España media docena de condenas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Negociación imposible
Estas dos reformas dormitan en el Congreso desde la primavera del 2006, sujetas a una negociación imposible. El PP sostiene que, tal y como están planteadas, tanto la creación de los consejos autonómicos como el aumento de competencias de los tribunales superiores rompen la unidad del Poder Judicial y quebrantan la Constitución.
Consciente de que jamás contaría con el respaldo del PP, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, abogó por utilizar la fórmula ensayada en la controvertida reforma del Tribunal Constitucional y salvar los muebles con el apoyo de los grupos minoritarios. Fuentes socialistas aseguran que esta vez la jugada no será posible porque los nacionalistas pretenden ir «muy lejos» en sus reivindicaciones.
Con todo, lo que más preocupa al PSOE, es que junto a la descentralización de la Justicia se irá también al garete el proyecto que buscaba modernizar las estructuras y recursos de la Administración; una macrorreforma que afectaba a 21 normas con la que se pretendía dotar a los juzgados de más medios y liberar a los jueces de tareas burocráticas que recaerían en los secretarios judiciales.
Bermejo se vio obligado a retirar ayer en el Senado ante la falta de apoyos el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Es la primera vez en esta legislatura que el Gobierno se enfrenta a una situación semejante.