Acordaban rebajas mínimas en las licitaciones y se repartían el dinero
25 oct 2011 . Actualizado a las 13:04 h.Son en total 47 constructoras pequeñas y medianas. Según la Comisión Nacional de la Competencia, pactaban rebajas en los concursos públicos para rehabilitar carreteras. El adjudicatario repartía luego entre los demás una parte del dinero «ahorrado». En la operación se llegaba a incrementar hasta un 24 % el precio que acababan pagando las Administraciones públicas, justo la diferencia entre las rebajas normales sobre las licitaciones oficiales (entre el 15 y el 30 % del coste de la obra) y las que en realidad se hacían (entre el 1 y el 6 %).
La CNC llevaba veinte meses investigando estos amaños y ayer hizo pública la que se ha convertido en la tercera mayor sanción de su historia: 47 millones de euros que tendrán que abonar las 47 constructoras pilladas. La falta está considerada como de las más graves posibles, ya que trae consigo un «evidente perjuicio para el erario público». De hecho, la dirección de investigación de la CNC constató que en ocho de las catorce subastas analizadas se ocasionó un agravio comparativo de al menos 14 millones de euros para los contribuyentes.
Solo los 120,7 millones de multa impuestos en el 2009 al sector asegurador, o los 61,2 de este año para cinco eléctricas españolas y la patronal Unesa, superan esta sanción de la CNC.
La manipulación de las bajas en las licitaciones públicas trajo además como consecuencia la distorsión de los mercados de obra pública y el consiguiente encarecimiento del precio de los concursos para el resto de proyectos similares, presupuestados siempre de acuerdo con las medias oficiales del mercado.
Entre las firmas multadas hay algunas gallegas, como la coruñesa Extraco (sancionada con 1,08 millones) o la ourensana Misturas, Obras e Proxectos (que afrontará el pago de 1,60).
Los hechos ocurrieron en todos los casos entre el 2008 y el 2009, siempre en obras de conservación, mejora, renovación y rehabilitación. Se investigaron un total de 53 empresas, aunque a seis de ellas no se les encontró vinculación con los procesos irregulares.
De los catorce casos detectados, uno fue un concurso convocado por la sociedad pública de la Junta de Castilla y León Provilsa (Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística S.?A.). El resto partieron de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.