Pese a haber trabajado más, la retroactividad máxima será de seis meses
28 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El segundo borrador del decreto ley de medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido, que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, recoge medidas que siguen sin gustar a los agentes sociales. De hecho, incluso ha dado pasos atrás en algunos aspectos respecto al primer texto.
Ejemplo de ello es que las altas de los trabajadores cuya regularización soliciten las empresas en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, tendrán una retroactividad máxima de seis meses, ya que el límite será el 1 de enero de este año y el plazo voluntario de regularización expirará el 30 de junio. Lo curioso es que en el primer borrador, la retroactividad era de doce meses, es decir, el doble.
Otro aspecto polémico es la desprotección en la que quedan los trabajadores, pues la normativa no impone que se les regularice a través de un contrato indefinido, sino que deja a la elección del empresario la modalidad contractual, que podrá ser «indefinida o temporal o de duración determinada, incluidos los contratos formativos».
Sin sanción por incumplimiento
Este último tipo y los temporales no podrán tener una duración inferior a seis meses, según establece el decreto, pero el empresario podría perfectamente prescindir del trabajador incluso antes, pues -como denuncian los sindicatos- en el texto no se contempla seguimiento alguno de los contratos, así como tampoco obligación ni sanción alguna (como, por ejemplo, activar las sanciones administrativas que hubieran debido aplicarse por mantener empleo no declarado) de no cumplirse ese período mínimo.
Estos son algunos de los puntos que critican los sindicatos en un extenso documento conjunto en el que UGT y CC.?OO. sostienen que «no resulta adecuado ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido la puesta en marcha del plan, que ni va a aflorar el grueso de este empleo, ni va a mejorar la protección de los trabajadores, ni va a aumentar los ingresos públicos, ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas».
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó ayer, no obstante, que estaba dispuesto a incorporara al decreto ley propuestas de los agentes sociales «si son razonables», pero no parece que tal posibilidad vaya a lograr que apoyen el texto.
Gómez apuntó que aún no estaba decidido si el plazo que se daría a los empresarios para dar de alta a sus trabajadores ocultos sería de «dos o tres meses», aunque el borrador recoge la primera opción, es decir, que las sanciones comenzarían a aplicarse a partir del 1 de julio. Los sindicatos se oponen a tal demora y exigen que las multas -que oscilan entre lo 3.126 y los 10.000 euros para las infracciones graves, y entre 10.001 y 187.515 euros para las muy graves- se impongan desde el día siguiente a la publicación de la normativa en el BOE.
Control en las subcontratas
Por su parte, la patronal considera las sanciones excesivas, como también otra de las medidas, que afecta a las empresas que contraten o subcontraten con otros obras o servicios «correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo». Y es que deberán comprobar previamente que los trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social, pues responderán solidariamente de las infracciones cometidas.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el empleo sumergido en España supera los 82.000 millones, es decir, algo más del 8% del PIB, y Galicia es la quinta comunidad con mayor volumen (4.702 millones de euros). Una crítica unánime al plan del Gobierno es que no incluye el fraude fiscal.