El mecanismo europeo de estabilización financiera no está pensando para rescatar bancos, sino países. Aunque el caso de Irlanda es paradójico, porque la quiebra de las arcas del Estado se plantea, precisamente, por el socorro público necesario para evitar la ruina del sector financiero. En cualquier caso, la Comisión Europea insiste en que no se trata de rescates, sino de ayudas en forma de préstamos y de avales y garantías.
1 ¿Con cuánto dinero está dotado el mecanismo de estabilización? Son 500.000 millones de euros, de los que el 88% (440.000 millones) son avales y garantías para permitir que los países de la UE puedan obtener liquidez contratando préstamos en los mercados internacionales. Esos avales están respaldados solidariamente por todos los países de la Unión y por el Banco Central Europeo. Además, hay una bolsa de 60.000 millones para ayudas directas en forma de créditos reembolsables a los países de la eurozona cuyas finanzas puedan estar en peligro de quiebra, gestionado por la Comisión Europea y que se suma a los 50.000 millones del instrumento de estabilización de la balanza de pagos que ya estaba a disposición de los países que no usan el euro. A ese dinero se añaden otros 250.000 millones del FMI, que se repartirán en proporciones similares entre ambas bolsas.
2 ¿Se trata de ayudas directas a fondo perdido? No. Son avales (los 440.000 millones de euros) cuyo coste recae en el Estado beneficiario, y líneas de crédito (60.000 millones), cuyo principal e intereses deben reembolsarse.
3 ¿El país beneficiario tiene carta blanca para usar el dinero como crea conveniente? No. El Estado que haya solicitado la activación del mecanismo deberá informar a la Comisión de su intención de retirar fondos de su línea de crédito cada vez que desee hacerlo, para que Bruselas verifique la oportunidad de liberarlos y para que evalúe si el uso del dinero se ajusta a las condiciones pactadas en el plan de rescate.
4 ¿Qué compromisos se exigen a los países que reclamen la activación del mecanismo en su favor? El sistema está pensado para los Estados «que estén en dificultades graves ocasionadas por acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pueda controlar», dificultades que pueden tener un origen interno o estar causadas «por un deterioro grave del contexto económico y financiero internacional». El reglamento que rige el mecanismo exige que se imponga a los países que lo utilicen «condiciones estrictas de política económica [...] con vistas a mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas [...] y de restaurar su capacidad para financiarse en los mercados».