Los colectivos que firman el documento representan a un millón y medio de prejubilados y pensionistas
24 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Un grupo de cincuenta grandes confederaciones y asociaciones que representan a «un millón y medio de prejubilados y pensionistas de toda España», según los impulsores de la iniciativa, han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la congelación de las pensiones.
El gabinete de abogados Colectivo Ronda informó ayer de que el recurso ha sido presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de mayo para reducir el déficit público, y en concreto contra el apartado referido a la congelación de las pensiones para el año 2011 que no revalorizará sus sueldos en relación con la subida del IPC, y que mermará la capacidad financiera de muchos de los 6 millones de jubilados en España.
Millón y medio de afectados han solicitado la anulación de dicha disposición por afectar al derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 41 de la Constitución Española, por no justificarse el carácter extraordinario y urgente de la reforma, y por afectar al derecho a la jubilación al «defraudar los intereses de personas cotizantes de pensiones contributivas».
Entre las principales asociaciones de jubilados y pensionistas que lideran esta iniciativa legal se encuentran la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la Confederación de Prejubilados y Pensionistas, además de las vinculadas a ex trabajadores de Telefónica, Banco Pastor, Banco de Asturias o BSCH, el Área de Mayores de Izquierda Unida y la Confederación de Viudas Hispania.
Manifiesto
Estas organizaciones firmaron en Madrid el pasado 14 de junio el manifiesto Ante la congelación de las pensiones para mostrar su «rechazo a una medidas injustas e injustificables para los pensionistas». Humberto Valverde, portavoz a la asociación de mayores de Izquierda Unida, aclara que los colectivos que firman el texto comprenden perfectamente la situación de crisis que atraviesa el país, pero que tomaron cartas en el asunto al ver que les tocaban a ellos y no a los grandes capitales, por lo que define la medida de «brindis a los mercados más que una solución». Valverde declara: «No hay derecho a que se congelen las pensiones habiendo 64.000 millones de euros en nuestro fondo de reserva, que no pertenecen al Gobierno. Nuestras pensiones afectan a cinco millones de hogares». Por su parte, la presidenta de la asociación de jubilados y pensionistas de A Coruña, María Luisa Ansorena, reconoce que la medida supone una ruptura del Pacto de Toledo, razón por la que la denuncia se ha elevado al Supremo. Sin embargo, Ansorena afirma que la congelación de las prestaciones no afectará tanto en Galicia como en otras comunidades. «De los 700.000 jubilados gallegos, más de la mitad no se verán perjudicados porque aquí las pensiones son muy bajas y estas no se tocarán», dice. «Son medidas que ya se están llevando a cabo en toda Europa -continúa-, y serán pasajeras».