El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer un decreto ley con un conjunto de medidas de austeridad que permitirán recortar hasta finales de este año entre 1.600 y 1.700 millones de euros el déficit público catalán. El Ejecutivo catalán se reunió por la mañana con carácter extraordinario para aprobar el decreto, que deberá publicarse mañana, para que ya el martes 1 de junio entren en vigor las medidas.
Como estaba previsto, el paquete incluye un recorte de un 5% de media de las retribuciones salariales de los funcionarios de la Generalitat, con porcentajes del 8% al 15% para altos cargos, en la línea de lo aplicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pese a que ICV exigía incluir una cláusula para permitir que los funcionarios recuperen en el 2013 el poder adquisitivo perdido, Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, replicó que las medidas adoptadas deben «consolidarse» en el futuro para ser creíbles. Por lo tanto no habrá, según Castells, una recuperación automática del poder adquisitivo perdido, sino que el aumento salarial dependerá de cómo evolucione la economía.
En el caso de las sociedades mercantiles de titularidad pública, se aplica una reducción del 2,86% de la parte proporcional del gasto de personal. El decreto también prevé una reducción del 3,21% de los conciertos sanitarios que afectará a los centros concertados, tanto los semipúblicos como los privados, así como una rebaja del 5% dirigida a las retribuciones del personal de escuelas concertadas, además de un 1,18% de reducción de los conciertos de centros que prestan servicios sociales.
Subidas impositivas
Aparte de los recortes, el decreto ley contempla una subida de tres impuestos: el de transmisiones patrimoniales pasa del 7% al 8%, el de actos jurídicos documentados se eleva del 1% al 1,2%, mientras que el impuesto de matriculación sube al 16% para los vehículos más contaminantes.
Además, la Generalitat piensa impulsar en su reunión del martes otras iniciativas en la línea de mayor austeridad y reducción del gasto, como la ralentización de algunas inversiones y del despliegue de determinados servicios de sanidad, educación y servicios sociales, así como una simplificación de las entidades del sector público. A ello se añadirá antes de julio una reforma del IRPF para incrementar los impuestos a los ciudadanos con las rentas más altas.
A la salida de la reunión del Gobierno catalán, el consejero de Economía, Antoni Castells, reconoció que se trata de un «plan exigente», que «pide sacrificios al conjunto de los ciudadanos», sobre todo a quienes disfrutan de un trabajo fijo como los funcionarios, pero que estos esfuerzos «valdrán la pena» porque deben permitir a la larga reflotar la economía y volver a la senda del crecimiento.
Sin estos recortes, ha alertado, a Cataluña le esperaría «una larga etapa de estancamiento, en la que cada vez seremos más pobres». El presupuesto para el 2010 preveía un déficit público del 3,25%, un total de 6.370 millones de euros, y la obligación es reducirlo al 1,1% en el 2013, hasta que quede en unos 2.000 millones de euros.
Con las medidas previstas por el Ejecutivo catalán, Castells estima que el ahorro en lo que queda de año se situará entre 1.600 y 1.700 millones de euros, lo que dejará el déficit en 4.700 millones de euros, un 2,4% del PIB.
El consejero de Economía no ha descartado tampoco que, para cumplir este «exigente» objetivo de recorte del déficit, en el futuro hagan falta nuevas medidas adicionales, aunque ello dependerá del crecimiento que experimente la economía.