Gayoso y sus aliados políticos exageraron el coste de la unión para intentar impedirla y pusieron en duda la auditoría de KPMG, que al final ha resultado acertada
02 may 2010 . Actualizado a las 02:24 h.Alianzas imposibles, teorías de la conspiración, recursos de ida y vuelta, falsos mandatos y hasta amenazas de intervención jalonaron las negociaciones para la fusión gallega de cajas. En la mayoría de casos, el tiempo se encargó de reducir a leyendas muchas afirmaciones que siguen en boca de políticos. Estos son algunos de los falsos mitos del proceso.
La fusión no es solvente
En noviembre del 2009, Caixanova entregó a la Xunta un documento de mil folios en dos tomos, elaborado por Analistas Financieros Internacionales y Deloitte, consultora habitual de la caja viguesa. Supuestamente, demostraba que la fusión gallega era mala idea y los números no salían. Ni era viable, ni sería solvente. Cinco meses después, el Banco de España demostró que la fusión es posible, incluso con los números de aquel informe de Caixanova. El supervisor cree que daría beneficios desde el primer año y en 5 mejoraría las actuales ratios de eficiencia y solvencia de las dos cajas. Desde fuentes socialistas y de Caixanova, que han actuado unidas durante el proceso, se llegó a hablar de que la alianza precisaría 3.000 millones en ayudas, que requeriría dinero del Fondo de Garantía de Depósitos y hasta ayudas de la Xunta. Nada era cierto. Tanto el Banco de España como la Administración autonómica les dijeron a las cajas que la única herramienta financiera para la fusión sería el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, según el Banco de España, llegaría con 1.162 millones.
Feijoo no quería la paridad
A principios de noviembre, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, comparece con el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez; y el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, para anunciar que apoya una fusión gallega. Para ser viable, dijo que la alianza tendría que ser paritaria y equilibrada. El entorno de Caixanova, con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, a la cabeza, comienza una campaña para divulgar que la propuesta de Feijoo significaba la absorción de la viguesa por Caixa Galicia. Tampoco era cierto. Ni un solo portavoz del Gobierno habló de otra cosa que no fuese la paridad. En ninguna reunión se sugirió una preponderancia de Caixa Galicia sobre Caixanova. Y Caixa Galicia asumió la fusión paritaria desde el inicio. Es más, así se lo trasladó el director general, José Luis Méndez, a su consejo. El máximo órgano de la caja más grande no ha variado su posición hasta este fin de semana.?
Una ley para jubilar a Gayoso
Otro de los mitos difundidos desde el entorno de Caixanova es que el PP reformó la ley de cajas para jubilar a Gayoso. La ley había sido demandada una semana antes tanto desde las filas del PSdeG como desde el Bloque. El límite de edad impuesto para la jubilación de los directivos es el mismo de otras leyes autonómicas. Ni una sola revisión legal acometida desde los Gobiernos regionales ha permitido la continuidad sin límites de sus dirigentes. El verdadero conflicto de la ley está en la composición de los órganos de gobierno (con menor presencia de los concellos y con la aparición de la Xunta) y en el veto a los sistemas institucionales de protección (SIP), figuras nuevas no contempladas en la norma y sobre las que también han introducido cautelas las leyes andaluza, catalana o madrileña. El único asidero al que se aferraron los detractores de la ley gallega fueron los plazos para renovar los órganos de gobierno. La Xunta pretendía que en marzo estuvieran cambiados. Pero las dos cajas estaban obligadas a hacerlo en junio, y en el caso de Gayoso esa era su fecha de caducidad, ya que la ley rectora de cajas (Lorca) les niega otro mandato. Solo la fusión podría eximirlo de esa caducidad. Eso o la integración en un SIP que lo dejaría al margen de la Lorca. El sistema bancario no tiene las limitaciones de las cajas.
La Xunta no quiso negociar
Tanto el PSOE como el círculo de Caixanova extendieron la creencia de que Feijoo nunca quiso negociar con la caja viguesa, sino imponer su criterio. Lo cierto es que mantuvo desde el verano del 2009 varios encuentros con el presidente de la caja viguesa. En todos le expresó su deseo de una fusión paritaria y renovada; es decir, apoyada en una nueva generación que no pasaría ni por Méndez ni por Gayoso. El mismo mensaje le fue trasladado a Méndez. Mientras el director general de Caixa Galicia le dijo a Feijoo que su continuidad no sería «nunca» un obstáculo, Gayoso exigió continuar al menos 8 años más (ahora ya son 10). Lo hizo amparado en el informe de AFI que sugería aprovechar su experiencia. Luego, en las conversaciones formales de las últimas dos semanas, Caixanova pidió que Gayoso sea el presidente de la entidad fusionada, que mantenga su posición hasta que se cierre el protocolo de la alianza (casi un año), y que se abra una transición de 5 años (inédita en el sector) durante la que ejercería la presidencia. Además, planteó cambiar la ley para blindar a los cargos en edad de jubilación.?
El recurso no político a la ley
El Gobierno central respaldó en «criterios técnicos» y en los informes del Consejo de Estado su recurso de anticonstitucionalidad a la reforma de la ley gallega de cajas. Pero la decisión estaba tomada de antemano. Antes de que el Consejo de Estado emitiese su veredicto, la ministra de Economía, Elena Salgado, comunicó oficialmente al portavoz del PP en materia de Economía, Cristóbal Montoro, que el Gobierno recurriría la ley gallega. Miembros de Caixanova sabían, días antes, que el Gobierno recurriría. Nadie aclaró por qué lo sabían. Pero Gayoso y Caballero habían mantenido conversaciones con el ministro de Fomento, José Blanco, siempre al tanto de lo que ocurría.