Consejeros de Caixanova solicitan a Gayoso que no sea inflexible en las negociaciones para hacer viable la unión
ECONOMÍA
Una parte de Caixanova sigue considerando «muy difícil» el acuerdo que permitiría la fusión de las cajas gallegas. El motivo esencial es, a juicio de algunas fuentes próximas a la cúpula de la caja viguesa, el conjunto de «durísimas condiciones» que la entidad pretende trasladar a la mesa de diálogo como punto de partida. Estas exigencias podrían convertirse en un obstáculo insalvable, y no solo por los requerimientos económicos, sino fundamentalmente por el reparto de poder y de responsabilidades que necesariamente tendrán que abordar las dos cajas, con la mirada puesta en la futura entidad única.
Varios consejeros de Caixanova están tratando de hacer llegar al presidente, Julio Fernández Gayoso, la necesidad de que esas posiciones iniciales «no sean inflexibles» y faciliten «vías posibles» para la negociación y el acuerdo.
Esta petición al máximo dirigente de la entidad se produjo al margen de la reunión extraordinaria del consejo celebrada el pasado martes, que sirvió para autorizar a los directivos a explorar una posible integración con Caixa Galicia.
La intención es trasladar al equipo encargado de pilotar las negociaciones por parte de Caixanova la necesidad de obtener «un buen acuerdo para la caja viguesa», pero sin que el resultado final «resulte hiriente para nadie».
«La nueva caja tendría que ser capaz de seguir haciendo negocio en toda Galicia desde su primer día de existencia», sostienen fuentes próximas al consejo de la entidad viguesa, «y esta cuestión vital podría ponerse en peligro si se despiertan heridas localistas o terminan pesando más las cuestiones de índole personal que las estrictamente profesionales».
Mientras, el equipo negociador de Caixanova, que pivotará sobre el núcleo duro de Gayoso y de su director general, José Luis Pego, espera que el Banco de España despeje las dudas planteadas sobre la necesidad de financiación adicional -al margen del FROB- que tendría la futura entidad fusionada.
La due diligence elaborada por KPMG y encargada desde la Xunta valoró en 1.190 millones de euros la cantidad que la fusión debería solicitar al FROB, la máxima ayuda posible sin necesidad de solicitar un permiso extraordinario en Bruselas. Este informe planteaba cerrar 280 oficinas y prejubilar o dar de baja a 1.300 empleados.
El cálculo de Caixanova supera los 2.000 millones de euros y contempla la necesidad de hacer un ajuste todavía más duro en el número de sucursales, aunque con fórmulas alternativas como la venta en bloque de sucursales (hay una posible oferta sobre la mesa del Banco Santander, que asumiría una parte de los empleos). También se plantea recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos para financiar la fusión, algo que el Banco de España considera inviable.