Los grupos dieron su visto bueno a un documento consensuado en la comisión de Trabajo.
25 mar 2010 . Actualizado a las 02:25 h.Las empresas pequeñas serán las más beneficiadas por la futura política de bonificación al empleo, según aprobó ayer por unanimidad el Congreso de los Diputados. Los grupos dieron su visto bueno a un documento consensuado en la comisión de Trabajo, que remitirán al Gobierno, para que este lo traslade a la mesa de diálogo social en la que participan patronales y sindicatos. Sus señorías reconocieron que el proceso actual de bonificaciones está agotado, pero la supresión de las ayudas al fomento del empleo empeoraría la situación y sumaría más desocupados a la negra lista del paro, por lo que decidieron continuar con el sistema.
Además, se mostraron conscientes de que son las pequeñas empresas las que realmente utilizan las donaciones para paliar sus necesidades de plantilla y aumentar la contratación.
Votos particulares
Con independencia del acuerdo, el Grupo Popular presentó votos particulares sobre determinadas cuestiones pero se quedó solo en la defensa de sus propuestas. La primera consistía en cambiar bonificaciones por reducción generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social. El PSOE señaló que el proyecto estaba fuera de lugar y recordó que se trata de una medida reclamada insistentemente por la CEOE con peligro para el sistema público de protección social.
La otra propuesta particular de los populares se refirió a la cuantía de los incentivos, situada en términos anuales en unos 3.000 millones, de los que se encuentran comprometidos cerca de 2.800. Para el PP es importante que haya dinero suficiente para afrontar las ayudas. Desde el PSOE se indicó que la tarea de la comisión no abarca el montante para las bonificaciones.
Atención especial
El documento consensuado recoge también la importancia de atender de forma especial a los discapacitados, a las víctimas de violencia de género, y a los mayores. Y resalta la conveniencia de mantener la bonificación a la primera contratación que realice un autónomo. Otra iniciativa contemplada es la necesidad de «ejercer un mayor control», a través de los mecanismos legales, de la utilización de los beneficios.