Mientras los constitucionalistas subrayan que la presidenta argentina actuó de espaldas a la ley en los dos decretos de la polémica (el de creación del fondo y el que destituyó a Redrado), sin respetar la autonomía del banco central ni sus estatutos. Y es que la creación del fondo cuenta con el aval del Congreso, que no se encuentra en período de sesiones y en que no habría avalado la petición, pues el Gobierno está en minoría parlamentaria.
Además, Fernández, después de que el presidente del banco central se negara a abandonar el cargo, lo expulsó con otro decreto, sin cumplir con el procedimiento que indica que para destituir al presidente de la institución hace falta una acusación por mal desempeño de sus funciones y el descargo del funcionario ante el Congreso.
En el plano político, los grupos de la oposición cargan las tintas en la alevosía del decreto, que aprovecha el período de inactividad del Congreso, y se preguntan por qué Fernández tiene tanta prisa en hacerse con esos 6.500 millones de dólares, cuando los primeros vencimientos relevantes de la deuda serán en agosto.