El decreto-ley fue convalidado por todos los partidos políticos de la Cámara a excepción de UPyD.
17 sep 2009 . Actualizado a las 18:10 h.El Congreso apoyó hoy por una amplia mayoría la convalidación del real decreto-ley que regula la ayuda de 420 euros a los desempleados que se han quedado sin prestación y acordó tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá que la medida pueda modificarse y así ampliar su cobertura desde el 1 de enero.
El decreto-ley fue convalidado por todos los partidos políticos de la Cámara, a excepción de UPyD, por 338 votos a favor y 1 en contra, mientras que su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia fue apoyada por unanimidad.
Esta norma, en sus términos actuales, establece la ayuda de los 420 euros durante seis meses, con posibilidad de prorrogarla por períodos iguales, siempre que la tasa de paro supere el 17%, para los desempleados que hayan agotado sus prestaciones o subsidios desde el 1 de agosto y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros).
A primera hora de la mañana, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, había pedido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios para ampliar la cobertura de 420 euros a los desempleados que han agotado su cobertura, ya que se trata de un colectivo que «se enfrenta a un grave riesgo de exclusión social».
Así lo dijo durante su intervención en el pleno del Congreso que debate la convalidación del decreto-ley que regula la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan quedado sin cobertura y que Corbacho consideró «urgente y necesario» aprobar.
«La crisis está golpeando duramente a la economía española y a muchos españoles y el Gobierno es consciente de que quienes más sufren este impacto son los desempleados», aseveró.
El ministro dijo que es urgente ampliar la cobertura para desempleados que han agotado su cobertura «más allá de las rentas mínimas de inserción que otorgan las comunidades autónomas», y argumentó que se trata de una medida «temporal y extraordinaria» que garantiza los ingresos mínimos y la inserción laboral.
«El programa no se limita a conceder una prestación a personas que están en situación de necesidad, sino que tiene en cuenta su condición de trabajadores y pone énfasis en reforzar la capacitación para su inserción laboral», agregó Corbacho.
Al respecto, explicó que esto también supone la «implicación» de las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias para gestionar los «correspondientes itinerarios» que capacitan a los desempleados a acceder a un nuevo trabajo.
Corbacho recordó que uno de los requisitos que deben cumplir estos parados para acceder a la ayuda es que sean desempleados menores de 65 años que hayan agotado la prestación contributiva y que no tengan rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Reiteró que se trata de una medida temporal que se prolongaría durante seis meses desde el 17 de agosto, fecha en la que entró en vigor, sin perjuicio de prorrogarse otros seis «en función de la situación económica y presupuestaria, así como de la tasa de desempleo».
Además, el ministro subrayó la «sensibilidad» del Ejecutivo por ampliar este programa de protección a los desempleados desde el 1 de enero, tras acceder a las peticiones de varios grupos parlamentarios.