La Federación Gallega de Comercio pide a la Xunta que las nuevas grandes superficies paguen un canon
ECONOMÍA
Ante la inminente presentación del anteproyecto de la Lei de Comercio Interior de Galicia, el presidente de la Federación Gallega de Comercio, el lucense José María Seijas, ha demandado a la Xunta una serie de medidas encaminadas «a definir el concepto de gran establecimiento, para evitar que el pequeño y mediano comercio al por menor sufra las consecuencias de la masiva implantación de grandes superficies, sin ejercer un control real, claro y objetivo».
Entre las propuestas de la federación comercial destaca la de que las grandes superficies paguen una tasa o canon por la petición de licencia autonómica para su implantación, ampliación o traslado. «No es para nada una idea descabellada, puesto que se recoge en otros proyectos de ley del comercio interior de otras comunidades, como por ejemplo en Baleares», explicaba Seijas.
El presidente de los comerciantes gallegos defendió que la instalación o ampliación de las grandes superficies debería repercutir en la mejora de la economía y el empleo de la zona en la que se instalan, «ya que en muchos casos son inversiones de capital extranjero que no revierten sus beneficios en el área de influencia». La tasa que propone la Federación Gallega de Comercio se determinaría en función de los metros cuadrados de superficie útil implantada o ampliada por el gran establecimiento comercial.
También reclaman a la Xunta que recoja en la futura ley la necesidad de que las nuevas superficies comerciales se establezcan en función del número de habitantes del municipio. Para ello proponen una tabla que iría desde los 500 metros cuadrados para un concello de menos de 5.000 habitantes, hasta los 2.000 metros cuadrados para los que superen los 25.000 habitantes. Además, Seijas sugiere que la concesión o denegación de las licencias comerciales para las grandes superficies «deberían recaer única y exclusivamente en la Consellería de Economía, no en los concellos».
Los comerciantes quieren que se atrase el comienzo de la temporada de rebajas y se prohíban las promociones 45 días antes del inicio de las mismas y las promociones sueltas de más del 40% de los artículos del comercio, con una duración máxima de tres meses y no más de cuatro al año. Para finalizar, la federación señala que el texto legal debe establecer la coexistencia de castellano y gallego «en el ejercicio de la actividad comercial».