El FROB, el fondo que quiere recurrir la Xunta, impedirá el veto autonómico en fusiones si actúa el supervisor
20 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La anunciada, y ya iniciada por algunas firmas, reordenación del sector financiero español se hará atendiendo a criterios económicos antes que políticos o territoriales. El Banco de España mantiene que esa es la premisa básica con la que se ha de mover el sector, y es una consigna que ya ha deslizado, en forma de advertencia, a las Administraciones Públicas y los agentes implicados en la reestructuración del sector.
«Se deben adoptar criterios de eficiencia económica en esos procesos», sostienen fuentes oficiales del supervisor. Ya lo advirtió el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando se tramitaba la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y esta misma semana lo ha reiterado su número dos, Javier Aríztegui, presidente a su vez de la Comisión Rectora del FROB. Entiende el supervisor que de esta forma, atendiendo a directrices técnicas y económicas «por encima de particulares o territoriales», resultarán entidades «más sólidas, de manera que la reestructuración permitirá mejorar el sistema» financiero español.
Siguiendo ese patrón económico, el resultado es doble, interpreta el supervisor. El primero, que la reordenación tendrá el menor coste posible para las arcas públicas; el 75% de los fondos de rescate lo pone el Ejecutivo central y el resto, el fondo de garantía de depósitos de cajas y bancos. Ese ahorro se conseguirá, entiende el supervisor, si la estrategia de salida de una entidad se hace guiada por motivos técnicos objetivos y no por el albur político. Y el segundo resultado es, precisamente, salir con un sistema más potente.
Ante el poder político
«Mi convencimiento es que los responsables de las entidades y de las políticas públicas tendrán la sensibilidad suficiente para que prevalezcan estos criterios», explicaba esta semana Javier Aríztegui. El PP, de hecho, ya ha mudado en cierto modo su discurso. Mariano Rajoy llegó a desaconsejar la fusión de las dos cajas gallegas a mediados de julio para, apenas tres semanas después, defender que sean esos criterios económicos los que tutelen el proceso de reordenación del sector financiero. Y el propio portavoz de Economía de este partido, Cristóbal Montoro, lo reiteraba el martes, en una entrevista en La Voz: «No se trata de crear un muevo motor bancario como si estuviéramos haciendo política de pizarra, sino de salir del lío con fusiones interregionales, regionales o liquidando entidades bancarias».
Hay Gobiernos autonómicos, sin embargo, que están promocionando directamente los movimientos en sus cajas antes de que el Banco de España les dé indicaciones sobre quién ha de ser la pareja de cada una. Sucede en Andalucía, Cataluña y Castilla y León; las dos primeras las gobierna el PSOE, y la tercera el PP.
Criterios y competencias
«Lo ideal es que el criterio de la autoridad monetaria prevalezca», apuntan fuentes del sector financiero que conocen bien los movimientos que se están dando en el sector. Lo cierto es que con el FROB -que aprobaron en julio en el Congreso los dos partidos mayoritarios en España-, las competencias de las comunidades quedan relegadas, lo que ha levantado los recelos también de la Xunta, que sopesa recurrir ese real decreto. A la Administración autonómica solo le queda la posibilidad de emitir un informe, no vinculante, sobre el futuro de sus cajas si finalmente decide intervenir el Banco de España. «Por lógica, cualquier Administración preferirá que se intervenga su caja antes de que esta desaparezca», justifican fuentes del Ministerio de Economía.
La vicepresidenta Elena Salgado, sin embargo, sí puede frenar un proceso si supone un desembolso de dinero público muy fuerte. Una circunstancia que, en teoría, debería evitarse si se sigue la consigna de que las fusiones se guíen por criterios técnicos y no particulares.