Los ayuntamientos presionan al Gobierno para que el Plan E del 2010 prolongue los empleos ya creados
ECONOMÍA
Hay que mantener el empleo a toda costa. Es la premisa que los ayuntamientos han trasladado al Gobierno en las reuniones para preparar la reedición del Fondo Estatal de Inversión Local, el llamado Plan E, la medida estrella del plan anticrisis de José Luis Rodríguez Zapatero, que expirará a finales de año tras repartir entre los consistorios 8.000 millones de euros para obra pública y que tendrá continuidad en el 2010 con otros 5.000 millones. Más que los proyectos, la prioridad es conservar la mayoría de los 400.000 empleos creados por el primer fondo para evitar una crecida repentina del paro. Los municipios presionan al Gobierno para que acelere su tramitación y que los trabajos puedan empezar el 1 de enero.
El objetivo es, según el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, que la menor cantidad de trabajadores contratados gracias al fondo de 8.000 millones se queden en la calle a finales de año. «Queremos unir el cierre del fondo de los 8.000 millones con el comienzo del fondo de 5.000. Así habrá una continuidad y no veremos un bajón en el empleo», señaló.
En su última reunión con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el pasado 28 de julio, Castro pidió que el Gobierno apruebe cuanto antes el real decreto ley que regulará la iniciativa, a poder ser en el primer Consejo de Ministros de septiembre, y que establezca octubre, noviembre y diciembre como plazo para presentar y adjudicar proyectos. Solo así estarán listos a primeros de año para ser ejecutados.
Las negociaciones
El Gobierno avanzó los primeros detalles en junio por boca del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en un acto en Cádiz con agentes sociales en el que ya apuntó algunas diferencias entre este segundo fondo y el primero. Días después, el 25 de junio y ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, Chaves especificó que el dinero deberá ir destinado a proyectos relacionados con el desarrollo del nuevo modelo económico verde, a la implantación en los municipios de las nuevas tecnologías y a inversiones en centros sociales vinculados a la dependencia. Se podría aprobar en octubre.
Los ayuntamientos, según aprobaron en su última reunión, quieren que una parte aún sin concretar de los 5.000 millones puedan ir destinados a contratación de personal para emplearlo en políticas sociales, sobre todo en dar cumplimiento a la ley de dependencia. Se trata, según explicó Pedro Castro, de abrir más el abanico de trabajadores beneficiados por el fondo, hasta ahora muy vinculados al sector de la construcción, y de emplear, de forma directa o a través de empresas, a asistentes sociales, técnicos de ayuda a domicilio y personal para labores de teleasistencia.
La FEMP da por bueno que el nuevo fondo mantenga el criterio de población a la hora de repartir las partidas, pero pide que estas computen los costos de los proyectos.