La Xunta acusa al bipartito de la crisis de Caramelo por enterrar 30 millones a cambio de nada

ECONOMÍA

El debate sobre la firma acaba con un plante de BNG y PSOE al pleno de la Cámara

11 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El debate parlamentario sobre la grave crisis que atraviesa la empresa textil Caramelo acabó ayer en una monumental gresca entre la oposición y el Gobierno y con el plante de socialistas y nacionalistas al pleno de la Cámara. Las preguntas de BNG y PSOE sobre cuáles son los planes concretos de la Consellería de Economía e Industria respecto al futuro de la compañía propiciaron un fuego cruzado de duros reproches. Javier Guerra acusó a la oposición de agravar la crisis de Caramelo en los años de gestión del bipartito por haber entregado -desde junio del 2007- 30 millones de euros de dinero público sin ningún tipo de contraprestación.

El máximo responsable del Gobierno de Feijoo en política industrial dedicó gran parte de su tiempo de intervención a cuestionar a sus antecesores, pero apenas aportó datos nuevos sobre los planes de la Xunta, tal y como le requirieron nacionalistas y socialistas. Guerra prometió en el pleno - al que acudieron los representantes del comité de empresa invitados como público- que trabajará por mantener el empleo y la planta coruñesa y que ahora están intentando implicar en ese objetivo a Manuel Jove, el empresario que tiene el 93% de la firma.

Por la mañana, convocados por la CIG, 300 trabajadores se manifestaron ante las puertas del Parlamento para denunciar la desidia de la Xunta en la crisis de la firma textil, un argumento que ayer avalaron nacionalistas y socialistas durante sus intervenciones en el pleno.

El momento de mayor tensión se vivió cuando el conselleiro pidió a la presidenta del Parlamento -la popular Pilar Rojo- un turno para responder a unas alusiones hechas a sus empresas privadas durante las intervenciones de la mañana. La concesión de la palabra desató las protestas de la oposición. Carlos Aymerich, del BNG, recordó que el reglamento establece ese mecanismo para los diputados y acusó a Rojo de actuar al servicio del PP. Idéntica crítica hizo el socialista Xaquín Fernández Leiceaga, que fue incluso más allá y advirtió a Javier Guerra que tendrá que explicar en la Cámara cómo puede luchar contra las deslocalizaciones como conselleiro y apostar por ellas como empresario. El diputado socialista también cuestionó la posibilidad de que Guerra, como empresario del textil, deba ser quien reparta ayudas a compañías de su competencia.

La gresca concluyó con el plante de socialistas y nacionalistas al pleno. Pilar Rojo, que estuvo a punto de desalojar el palco de invitados por los abucheos provinientes de los miembros del comité de empresa, explicó ya con la Cámara semivacía que en las últimas legislaturas el turno por alusiones siempre se ha dado a diputados y conselleiros.