Los administradores creen que Martinsa-Fadesa puede salir del concurso si la crisis no empeora
ECONOMÍA
Los administradores concursales de Martinsa-Fadesa evalúan de forma «positiva» el plan para abonar, en ocho años, la deuda de 7.000 millones de euros, que fue presentado por la compañía al Juzgado Mercantil de A Coruña, que lleva el caso. No obstante, en su escrito de valoración detallan hasta siete amenazas que pueden alterar el pago a los acreedores y la viabilidad de la promotora. Aunque la conclusión es unánime: cuanto más se alargue la crisis, peor pronóstico tendrá la compañía de Fernando Martín. Eso sí, los administradores apuntan que «los activos de la sociedad determinaban la existencia de un patrimonio neto positivo que si es administrado con diligencia y rigor» puede bastar para hacer frente a las deudas y «el desarrollo tan dilatado en el tiempo del proyecto empresarial, que ha merecido la opinión favorable del Gobierno» es una buena señal.
En cualquier caso, los administradores no dejan de destacar que la evolución «a la baja» del mercado inmobiliario puede terminar derivando en «deterioros adicionales», es decir, un empeoramiento de la crisis, que afectaría de lleno al concurso, que no se da por finalizado hasta que no se cumpla el último pago, en el 2017. El informe alerta de que las posibles modificaciones legales pueden alterar las transacciones de suelo y repercutirán en la evolución de la compañía.
Asimismo, los administradores no descartan que Martinsa llegue a vender activos «con márgenes inferiores a los previstos» o en plazos diferentes, o que la promotora no encuentre fuentes de financiación ajenas a sus filiales, que no podrán actuar, en ningún caso, como avales.
Nuevo préstamo en el 2010
El escrito de los tres administradores nombrados por el juez Pablo González-Carreró hace alusión a la posibilidad de que Martinsa obtenga un nuevo crédito a partir del año que viene, aunque participativo -modalidad de financiación para empresas en la que el interés se marca en base a los resultados del prestatario-, para el que se establecerá un tipo máximo del 15%. Por último, se alude a la legislación en torno a las quiebras técnicas, que este año cambia: «De no ampliarse el plazo por el legislador, la sociedad debería restablecer su equilibrio patrimonial» para no entrar en supuesto de liquidación.