La tensión vivida en el año 2008 entre el sector conservero y sus grandes proveedores ha sido el detonante de la mayor investigación abierta por ahora en Galicia desde la Comisión Nacional de la Competencia.
El posible expediente al que deberán enfrentarse los productores mejilloneros gallegos no tiene precedentes en un sector productivo de carácter estratégico dentro de la comunidad autónoma. Galicia cuenta con 3.300 bateas que emplean a 11.500 trabajadores y que, juntas, facturan más de 400 millones de euros.
El intento de crear una agrupación sectorial capaz de controlar la producción y los precios se topó con la hostilidad de los conserveros, principales clientes de los bateeiros, y acabó en los estamentos para la defensa del libre mercado.
Casi en paralelo, los conserveros abrieron el segundo gran frente de lucha contra teóricos precios abusivos en sus proveedores.
Los fabricantes de envases niegan que sea una responsabilidad suya este incremento de los costes repercutido al cliente final. En esta ocasión, la conserva ha ido de la mano en su denuncia con la federación de industrias alimentarias, para extenderla al conjunto de España.