Los portavoces parlamentarios de la comisión del Pacto de Toledo analizan para La Voz la situación actual del sistema y los cambios precisos para garantizar su futuro, tras el debate público sobre su viabilidad
26 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Las alarmantes cifras del desempleo y la fragilidad del sistema de pensiones han sido los temas protagonistas de la agenda política y mediática en la última semana. Y es que la comparecencia del gobernador del Banco de España en la comisión parlamentaria no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en la que advirtió de la necesidad de acometer reformas urgentes si se quería garantizar la viabilidad futura del modelo, generó, por una parte, una ola de desconfianza y temor entre los pensionistas y quienes lo serán a medio plazo, y por otra, una inmediata reacción de oposición en el Ejecutivo y los sindicatos.
Mientras que el Gobierno, por boca del presidente y de los ministros de Trabajo y de Economía, se desmarcó de la advertencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que puso sobre la mesa la posibilidad de que el superávit de la Seguridad Social se esfume en un año o incluso en este mismo ejercicio, las organizaciones sindicales afirmaron que el sistema de pensiones español nunca había estado tan fuerte como en la actualidad y tacharon de alarmista al responsable del supervisor financiero.
La visión del Banco de España
Y es que, según un informe confeccionado por el servicio de estudios del Banco de España, con la evolución demográfica, que propiciará el aumento exponencial de la población mayor de 65 años y reducirá la masa cotizante, el modelo actual de pensiones no aguantará en el futuro si no se le introducen modificaciones. Entre ellas, se propone aumentar la edad de jubilación (cita como ejemplo el caso de Alemania, donde recientemente han aprobado su elevación gradual hasta los 67 años); ampliar a toda la vida laboral, en lugar de los actuales últimos 15 años de cotización, el plazo sobre el que calcular la cuantía de la prestación; ajustarla al aumento de la esperanza de vida y «estrictamente» al IPC y no, como ahora, solo al alza. También apunta el estudio la conveniencia de abrir un debate sobre la complementariedad del modelo público con uno de capitalización, dado lo «reducido» de las pensiones españolas.
En el epicentro de la crisis económica, el Gobierno ha tratado de enviar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía, asegurándoles que en ningún caso habrá recortes en las pensiones, ni se retrocederá en las coberturas y derechos adquiridos.
Celestino Corbacho insistía el miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que las pensiones están garantizadas «hasta el 2025», mientras que un día más tarde abogaba por elevar la edad real de jubilación a los 65 años, desde los 63 actuales, restringiendo a casos «excepcionales» las prejubilaciones. Por su parte, su homóloga de Economía, Elena Salgado, subrayaba que lo único que las pensiones harán «es crecer», en referencia a la posibilidad apuntada por el Banco de España de revisarlas también a la baja, en caso de que la inflación caiga en lugar de subir.
Pero lo cierto es que los expertos convocados por la comisión del Pacto de Toledo para dar su visión del asunto coinciden mayoritariamente con lo expuesto por Fernández Ordóñez: hay que revisar el modelo e introducir cambios.
El próximo martes será el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, quien comparezca en la comisión, un día antes de presentar ante la Comisión Europea un esperado informe sobre el mismo asunto, en Bruselas.
Los portavoces de los diferentes grupos políticos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo analizan para La Voz cuál es realmente la situación del modelo español de pensiones y si urge tanto su reforma. Al cierre de esta edición, la portavoz del Grupo Socialista no había emitido una valoración.