Los estudios oficiales sitúan en 5.189 millones el coste del 2008 si no se hubieran aplicado correcciones. La Administración no tuvo más remedio que orientar los cambios (muy interrelacionados) a un mayor control de la prestación, que permitiera agilizar los procesos, evitar irregularidades y detectar el fraude existente. Las medidas de gestión estrecharon la relación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades. Las nuevas tecnologías adquirieron un papel determinante. La observación diaria de la prestación en cada provincia y la toma de decisiones inmediatas en función de las desviaciones ya es un hecho.
Las reformas normativas preservaron el marco jurídico y la cuantía, pero fijaron que, agotados los 12 meses de incapacidad, el INSS asumía la competencia de evaluar, calificar y revisar la situación del trabajador para prorrogarla otros seis meses, iniciar un expediente de inactividad permanente o emitir el alta médica.
Así, en el 2008, apareció que casi el 60% de los trabajadores que llegaron al duodécimo mes del proceso no deberían haber estado en situación de IT, bien porque habían recobrado su capacidad para desarrollar su profesión (35,52%) o bien porque las secuelas que padecían eran de carácter definitivo (24,27%).