El Parlamento argentino habilitó ayer la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans, una operación que supondrá para el Estado hacerse cargo de una compañía deficitaria, con pesadas deudas y una flota decadente tras siete años de gestión del grupo español. El penoso estado de la línea aérea de bandera ha servido como argumento tanto al oficialismo, para avalar el «rescate» estatal de una empresa clave para comunicar un país extenso, como para los opositores, que rechazan la expropiación sobre la base de que cada argentino deberá ahora asumir con sus impuestos los resultados de un mal negocio privado.
En los fundamentos del proyecto aprobado ayer se acusa a Marsans de haber desplegado una gestión «deficiente» e «irresponsable» que deja a Aerolíneas en «una virtual suspensión de pagos», un diagnóstico con el que ha coincidido el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, al afirmar que los españoles «buscaron más el beneficio propio que el de la empresa».
Marsans recibió en el 2001 de manos de la SEPI una Aerolínea que daba pérdidas, tenía deudas de 900 millones de dólares y había reducido fuertemente su cuota de mercado.