Economía lo coloca en 17.100 millones, cuatro veces más de lo previsto y una cifra que equivale al 1,5% del PIB
27 sep 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La crisis está pasando una durísima factura a los ingresos públicos, justo en el momento en que los gastos de protección social se disparan. El desplome de la recaudación ha obligado al vicepresidente económico del Gobierno a presentar un proyecto de cuentas públicas para el 2009 que contempla un déficit del Estado de 17.100 millones de euros, equivalente al 1,5% del producto interior bruto (PIB), y una cantidad que multiplica por más de cuatro la previsión oficial de hace apenas dos meses.
A finales de julio se estimó que los números rojos se iban a limitar el año próximo a 3.865 millones, el 0,34% del PIB. El cambio viene forzado por la cruda realidad de este año, que ahora se prevé cerrar con un saldo negativo del 1,6%.?«Son los Presupuestos más austeros que ha tenido este país en muchos años», afirmó Pedro Solbes en la presentación del proyecto a los medios, tras su aprobación en Consejo de Ministros.
El vicepresidente explicó que, en las circunstancias económicas «más complicadas de las últimas décadas», el estrecho margen de gasto que resta una vez atendidas las prioridades hará que ciertos proyectos no puedan abordarse el próximo año, e impondrá desplazar en el tiempo algunos objetivos. Tampoco habrá alegrías para los contribuyentes por rentas del trabajo. No se actualizarán las tarifas del IRPF para descontar el impacto de la inflación en el 2009.
«La deflactación no se ha considerado prudente, a la vista de la evolución de los ingresos», admitió el ministro.?Pese a las dificultades, el Gobierno ha optado por no modificar la previsión de crecimiento de este año y el próximo, que siguen fijadas en el 1,6% y el 1%, respectivamente, tras las correcciones a la baja realizadas en los pasados meses de abril y julio. Habrá que esperar hasta mediados del 2009 para celebrar el inicio de la recuperación.
Precios a la baja
El ministro Solbes apuntó, no obstante, que ya se observa algún elemento positivo, como la trayectoria de la inflación, «que seguirá a la baja en los próximos meses».?Se mantiene, por otra parte, la estimación de un mínimo crecimiento del empleo del 0,2% en el actual ejercicio, a la que seguirá una destrucción del 0,5% en los puestos de trabajo el año próximo. Por eso se ha fijado una aportación de 2.000 millones para el Servicio Público de Empleo. Solbes precisó que, si esa cifra se queda corta, se tomarán las decisiones necesarias para atender las necesidades. ? La Seguridad Social, tal y como adelantó el vicepresidente segundo del Gobierno, todavía presentará, tanto este año como en el 2009, superávit equivalente al 0,8% del producto interior bruto. Y la hucha de las pensiones engordará con otra contribución, en este caso de 8.000 millones, al fondo especial.
Puesto que las comunidades autónomas y corporaciones locales están sufriendo parecidas dificultades a las que experimentan las arcas del Estado, es de prever que también estas Administraciones incurran en números rojos, si bien Solbes confió en que no se llegue a alcanzar el 2% de déficit total (Estado, Seguridad Social y entes territoriales). No obstante, desde los municipios ya han lanzado la voz de alarma por la brusca caída de ingresos a consecuencia del parón constructor.
Según el responsable económico, los déficit del Estado que se están planteando no ponen en riesgo los compromisos de estabilidad en el marco de la Unión Europea. Pero introducen algunos planteamientos novedosos.
Por un lado, el Gobierno tiene que pedir autorización al Parlamento, que aprobó un techo de gasto que ahora no se supera, pero también un déficit que se verá desbordado. Por otro, el Ejecutivo tendrá que comunicar la nueva situación al Consejo de Política Fiscal y Financiera -así se lo exigió en su día a las comunidades autónomas- y elaborar un plan de saneamiento a tres años, tarea que Solbes consideró necesita «buenas dosis de imaginación» si se quiere abordar en estos momentos.
La fuerte crisis económica ha lastrado la recaudación del Estado por el descenso del consumo. A pesar de que las arcas públicas han engordado por la subida de las gasolinas, este incremento de los ingresos se ha evaporado por el impacto en la caída de la demanda de vivienda y vehículos.