La palabra despido enmudece a los trabajadores de Martinsa-Fadesa. «Esta es una empresa en la que ya nunca se ha comentado abiertamente lo que pasa y ahora es casi peor», justifica uno de los muchos empleados para zafarse de tema. Cuando el acuerdo no estaba firmado, el silencio se amparaba en que «nadie quiere ponerse en el lugar de los despedidos, dar por hecho que somos prescindibles», según una administrativa.
Ahora que existe un documento con unas condiciones que los sindicatos califican de buenas, las reticencias a la hora de opinar radican en que el juez aún puede modificar el convenio. En cuanto a la imagen de los afectados, nadie quiere que su rostro sea el que ilustre el mayor fiasco de la historia de las inmobiliarias españolas.
Algunos se atreven a repetir lo que les han advertido sus representantes sindicales: que las condiciones son más buenas de lo que, casi con toda probabilidad, depara la evolución del mercado. «Me alegro de irme, porque veo el futuro de las constructoras mucho más negro», sospecha un afectado. Los que se queden pueden optar por este camino si temen la quiebra de la promotora, puesto que el convenio prevé que indemnizaciones idénticas -las ya pactadas varían desde los 998 a los 63.000 euros- para los que abandonen de forma voluntaria.
Sueños de ser funcionaria
Este ya es el caso de al menos una mujer, que pidió estar en la lista de despedidos. Tiene tres niños y convertirá los años de paro en una suerte de excedencia para criarlos. Al mismo tiempo, preparará oposiciones. Invertirá la indemnización por el despido en convertirse en funcionaria, la profesión más inmune a las crisis.