La intervención del Gobierno argentino en el conflicto de Aerolíneas, con el aporte de 11,3 millones de euros para pagar sueldos atrasados y la petición a la Justicia de un interventor, «no está relacionado con una intención de estatalizar la compañía sino con garantizar un servicio público». Eso es lo que aseguró ayer Julio Alak, uno de los dos directores que representan al Estado en el seno de la compañía aérea.
Además, el Ejecutivo de Cristina Fernández aportará otros 3,4 millones de euros para garantizar la continuidad de las operaciones de Aerolíneas y de su subsidiaria para vuelos locales, Austral. «El Gobierno no tiene ninguna vocación de quedarse con Aerolíneas, ni con Austral», afirmó el directivo. Por su parte, el juez convocó para el próximo martes a una audiencia a los representantes del grupo español Marsans, propietario del 95% del capital de Aerolíneas, y del Estado argentino, accionista minoritario con el 5 por ciento. Mientras tanto, el cruce de acusaciones ente el Gobierno argentino y la empresa Marsans parece lejos de acallarse. «No solo nos está sacando de la compañía, está haciendo algo mucho más grave que ponernos fuera y que no quiero poner en palabras», dijo Gonzalo Díaz Ferrán, el principal accionista de la compañía española.
En Madrid, Fernández de la Vega aseguró ayer que la situación de Aerolíneas es un tema bilateral».