El Gobierno de Cristina Fernández concretó ayer la solicitud oficial para intervenir Aerolíneas Argentinas, del grupo español Marsans, a través de una demanda ante el Juzgado Comercial número 15, que convocó a todas las partes para una audiencia el día 15.
La misma reclamación que el Ejecutivo hizo el gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Y detrás de esta solicitud llegaron al despacho del juez las de la Asociación de Aeronavegantes y de la Asociación de Personal Aeronáutico. Lo mismo hicieron la Unión de Personal Superior de Aerolíneas y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas. Se trata de los mismos sindicatos cuyos líderes se reunieron con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para acordar los términos de las reclamaciones judiciales. En esa reunión los sindicalistas recibieron la orden de detener los conflictos contra la empresa durante 60 días hasta que se aclare la situación judicial.
Jaime justificó las acciones asegurando que el Gobierno «no pudo avanzar» en su plan destinado a incorporar un socio argentino en Aerolíneas «por el deterioro de la situación económica en la empresa y su incapacidad técnica de operar, agravado por la imposibilidad de realizar los pagos de deudas muy importantes».
El funcionario dijo también que la solicitud de intervención se hace «para garantizar la continuidad de las operaciones» de Aerolíneas y su filial Austral. Lo que se busca es que el juez responsable del concurso preventivo designe un «delegado coadministrador» que se haga cargo de la gestión cotidiana de la compañía en lugar de los directivos de Marsans. A pesar de los embates contra los actuales accionistas de Aerolíneas, el Gobierno recibió con asombro las declaraciones del vicepresidente español, Pedro Solbes, que reclamó enérgicamente que «de una vez por todas, se haga algo» ante lo que llamó las «manadas de piqueteros pagados por alguien» que, como presión, «toleran los españoles que invierten» en ese país. En la Casa de Gobierno no dudaron en relacionar este mensaje con el propio Rodríguez Zapatero, quien había recibido en varias oportunidades y de forma personal del matrimonio Kirchner promesas de ayudar al grupo Marsans en su gestión con Aerolíneas Argentinas.
A pesar de lo prometido al jefe de Estado español, Néstor Kirchner y su esposa trabajan para lograr el ingreso de un «socio de capitales nacionales» a Aerolíneas. A esa tarea se abocó el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el hombre de mayor confianza del matrimonio, con llamadas a algunos empresarios españoles con el pedido de que convencieran a los accionistas de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, de vender sus acciones y dejar el camino libre para capitales amigos del Gobierno. Los dos accionistas de Marsans entendieron el mensaje a la perfección y concluyeron: hay que irse porque la situación se hace insostenible.