El Gobierno argentino empieza a ver cómo se hace realidad el propósito del anterior Ejecutivo de nacionalizar Aerolíneas Argentinas. La presidenta Cristina Fernández recibió esta semana de manos del ministro de Transporte el borrador del proyecto de intervención a la compañía aérea, cumpliendo así el deseo del ex presidente Kirchner, que aseguró a su entorno que él devolvería la aerolíneas a los argentinos.
Según algunos funcionarios del Gobierno, la medida de intervenir la empresa podría tomarse en las próximas horas de acuerdo con los sindicatos, que no solo la apoyan, sino que además fueron el brazo ejecutor que el ministro de Transporte, Ricardo Jaime, lanzó contra los españoles de Marsans, hasta ahora propietarios de Aerolíneas Argentinas. En los últimos días las operaciones de la aerolínea en el país sudamericano volvieron a ser caóticas. Vuelos suspendidos por asambleas sindicales continuas, quejas de usuarios varados y media flota de aviones en tierra son algunas de las acciones registradas. Como muestra del clima que vive la compañía, uno de sus directivos y accionista de Marsans, Gonzalo Pascual, señaló en una reunión privada que «no nos vamos a quedar en un lugar donde no nos quieran».
La decisión que ha tomado el ejecutivo de Cristina Fernández todavía no ha tenido respuesta del Gobierno español, a quien aseguran que han informado ya. Sin embargo, en las últimas horas desde la Casa Rosada en Buenos Aires se han rechazado los dos intentos financieros para salvar la compañía por parte de sus dueños españoles. El primero de ellos supuso la búsqueda de auxilio financiero con fondos del Banco Nación, avalados por la venta a corto y medio plazo de pasajes. El segundo no ha trascendido, pero se sabe que ha sido diseñado en España y fue vetado por el propio Néstor Kirchner.
La mayoría accionarial de Aerolíneas está en manos de Marsans, pero dos de sus directores representan al Estado argentino y abarcan el 5% de las acciones, y fueron ellos quienes solicitaron la intervención judicial. El matrimonio Kirchner prefiere que sea una intervención de estas características y que al primer director lo designe el juez. Mientras, enviarán al Congreso un proyecto de ley para estatalizar la compañía y dejar abierto el camino para el ingreso de accionistas argentinos.