Lo juzgan ilegal por no respetar los principios constitucionales.
24 jun 2008 . Actualizado a las 22:28 h.Saben que su rechazo a la «desaparición» del impuesto de patrimonio (desde el 1 de enero pasado, con carácter retroactivo) será como un lamento en el desierto, pero aún así la organización profesional de los inspectores de Hacienda del Estado (IHE) quiso resaltar este martes su oposición a una de las principales medidas previstas por el Gobierno para «estimular» la economía, en este caso de cara al 2009, pues este año aún se tendrán que rendir cuentas por los bienes con que contaban en el 2007. A su juicio, supone un paso más en la primacía de los tributos indirectos (como el IVA) sobre los directos (IRPF y Sociedades), agravada con la supresión «en la práctica» en muchos casos del impuesto de sucesiones y donaciones, ambos cedidos a las comunidades autónomas, una línea de actuación que a su juicio podría vulnerar la ley al no respetar los principios regulados en la Constitución.
Hacienda calcula que se beneficiarán de dicha medida 1,3 millones de contribuyentes, de los cuales al menos 300.000 serán extranjeros, y que sus arcas dejarán de ingresar 1.800 millones de euros por esa eliminación (los inspectores, sin embargo, dicen que esta campaña estaba previsto recaudar 2.075 millones), si bien al ser un tributo transferido a las comunidades se las compensará dentro de la negociación abierta para la reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, la ley que regula el impuesto permanecerá vigente -se aplicará una bonificación del 100% para que nadie tenga que pagarlo- porque a su regulación se remiten otras cargas fiscales para calcular determinadas valoraciones y exenciones. La propuesta alternativa de la IHE para no acabar con el gravamen de patrimonio pasa por establecer un mínimo exento de 3.000 millones de euros a fin de no perjudicar a las rentas medias, si bien todos los alcaldes y concejales deberían declararlo para no ceder presión en la lucha contra la corrupción.
Aunque algunos partidos han criticado la perdida de estos ingresos fiscales en pleno frenazo económico, como hacen los inspectores, desde el Gobierno se resta importancia a este hecho porque, aunque en teoría gravaba las rentas medias y altas (debían declararlo quienes tuvieran bienes valorados en más de 108.000 euros, si bien quedaban liberados la primera vivienda -hasta150.000 euros- y los patrimonios afectos a actividades profesionales y empresariales), en la práctica «han terminado pagándolo, sobre todo», precisamente las primeras, pues las segundas disfrutaban de importantes exenciones. Asimismo, confía en que con el fin del gravamen desaparezca el «efecto disuasorio» que tenía sobre aquellos extranjeros que pretendían adquirir una segunda vivienda en España y, en última instancia, se anime algo el alicaído sector inmobiliario y, en general, el consumo.