El Partido Popular ha marcado distancias con el proyecto de ley que reformará el impuesto de sucesiones y donaciones, aprobado ya por el Consello de la Xunta y que, según el presidente Touriño, eximirá de tributación al 90% de los herederos gallegos. El portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, calificó ayer el texto de «timorato», ya que, en su opinión, ni es todo lo ambicioso que debiera ni tampoco llegará a tiempo de que se pueda aplicar en la presente legislatura.
Los diputados Manuel Ruiz y Alberto Sueiro explicaron en rueda de prensa las reservas de los populares hacia el proyecto legislativo del Ejecutivo autónomo, anticipando ya que plantearán una enmienda a la totalidad con un texto alternativo -inspirado en los aprobados por comunidades como Madrid y Castilla y León-, para que las exenciones fiscales sean efectivas para la práctica totalidad de los actuales contribuyentes y no tan solo para el 90% previsto por el bipartito.
El grupo de la oposición dirigió buena parte de sus críticas a los plazos que necesitará la iniciativa para su tramitación. De hecho, Ruiz sostuvo que lo que el presidente Touriño prometió para el 2007 no podrá ser aprobado hasta el segundo semestre de este año y, a la sazón, la propia ley prevé una moratoria de tres meses en su aplicación, con lo que -calcula el PPdeG- difícilmente entraría en vigor antes de que se disuelva el Parlamento por la convocatoria de las elecciones autonómicas. «O texto ven cunha trampa», resumió Ruiz, en relación a una moratoria que no dudó en calificar de «ocurrencia».
De forma más pormenorizada, Sueiro Pastoriza lanzó sus dardos cuestionando algunos aspectos del proyecto legal, al aducir que mientras la propuesta del PP identifica claramente los miembros de la «familia nuclear» beneficiados por las exenciones de este impuesto, que básicamente serían los cónyuges e hijos, sean biológicos o adoptados, el texto del Ejecutivo establece distinciones según tramos de edad, eximiendo de tributación a los menores de 21 años, cuando la mayor parte de los herederos gallegos superan con creces esa edad.
En todo caso, el PP insistió en que la ley es «claramente discriminatoria» y establece «limitacións» que no permitirán frenar la deslocalización empresarial.