La factoría Ence ha hecho saber a la Administración autonómica que para compensar su traslado desde la Ría de Pontevedra hasta, previsiblemente, As Pontes, precisa 600 millones de euros. La cifra vendría justificada por salida anticipada (la concesión administrativa de la empresa finaliza en el 2018), el lucro cesante y la pérdida de beneficios que le supondría estar un buen número de meses sin producir.
El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, se reservó ayer la cantidad concreta que demanda Ence, pero puso de relieve la necesidad de «compensar» a la compañía. Vázquez manifestó: «É unha empresa que cotiza en bolsa. Non se vai ir porque lle diga vostede: vaiase mañán, hai un lucro cesante e se está buscando un acordo económico, que facilite a desubicación antes do 2018».
El conselleiro, que presentó las 166 autorizaciones ambientales concedidas por su departamento, imprescindibles para el funcionamiento de las empresas y el control de sus emisiones, especificó que Medio Ambiente ha otorgado a Ence una licencia por tres años, el mínimo que permite la ley, mientras a la gran mayoría los persimos se les extienden por ocho años. En Galicia hay 60 firmas pendientes de concesión del visto bueno, y algunas podrían tener que cerrar si no normalizan sus emisiones. Medio Ambiente se refiere al menos a cuatro compañías del sector agropecuario, que presentan problemas de vertidos. La Consellería les ha pedido que se pongan al día, en cumplimiento de la Ley de Prevención y Control Integral de la Contaminación.
Plan de explotación en el 2011
Manuel Vázquez aseguró respecto a Ence la necesidad de llegar a un «cálculo de xustiza» para solucionar el traslado de la factoría y matizó: «Falamos de diñeiro de todos os galegos e non podemos decir aí vai ese diñeiro...». El responsable de Medio Ambiente admitió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo en los próximos tres años, tendría que renovarle la autorización.
Manuel Vázquez aseguró que un caso aparte lo constituye Elnosa, que «forma parte do problema». El responsable de Medio Ambiente sostuvo que en el 2011 tiene que presentar un nuevo plan de explotación, y la Xunta habrá de tomar decisiones «para que nesa data non poida estar na ría de Pontevedra».
Las negociaciones entre el Gobierno bipartito y los responsables de Ence se inciaron hace ya un par de años, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo. Las consellerías de Economía e Industria, con Medio Ambiente, constituyen el triángulo negociador de la Xunta.
El presidente del Gobierno gallego, Emilio Pérez Touriño, refirió al respecto, hace quince días, que para desmantelar Ence hay que «facelo consensuadamente, porque isto non é a dictadura do proletariado».
Nuevas posibilidades
El abandono de la celulosa de la Ría de Pontevedra abriría a la factoría la posibilidad de acometer otras inversiones en Galicia, relacionadas especialmente con las energías renovables.
El consumo eólico abierto por la Consellería de Industria, donde están en juego 2.325 nuevos megavatios, podrían ser una solución, así como las inversiones en biomasa. Ence mantiene en Pontevedra 270 empleos directos y 1.200 inducidos. La factoría produce 380.000 toneladas de celulosa.
El conselleiro de Medio Ambiente puntualizó que el Gobierno autónomo, aunque le ha concedido la autorización ambiental, actuará con la ley en la mano si en tres años comete delito ecológico. Las multas podrían alcanzar hasta los dos millones de euros.