La crisis económica se ceba con los más vulnerables. Diecinueve familias de Tui deberían haber entrado ya a vivir en las otras tantas viviendas de promoción municipal que el Concello habilitó en una parroquia de este municipio pontevedrés, en una antigua casa cuartel.
El gobierno local pretendía facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, poniendo a su disposición los pisos a un precio más que ventajoso, el de coste, por un valor medio de 75.000 euros, salvo en el caso de la vivienda adaptada, que alcanza los 78.000. Solo diecinueve de los treinta demandantes cumplían los requisitos para poder optar al concurso. Entre ellos, demostrar que sus ingresos ponderados no triplican el salario mínimo interprofesional pero, a la vez, que sean iguales o superiores al 1,5% del mismo, para poder avalar su solvencia de cara a afrontar la hipoteca.
El sorteo público les abrió la puerta de su futuro primer hogar en diciembre, pero el sueño se convirtió en pesadilla para algunos de ellos. Tres han tenido que renunciar ya y los demás siguen haciendo números, según confirmó la concejala de Servicios Sociais, Patricia Rincón. Sus circunstancias personales no han cambiado pero la subida del euríbor y la crisis económica no les permite afrontar los pagos. Además, en varios casos, los potenciales propietarios no consiguieron que ninguna entidad financiera les concediera un crédito por el valor total de la vivienda y era inasumible sumar otro personal.
El precio de los pisos no se puede bajar más, explicó el edil de Hacienda, Moisés Rodríguez, «porque la ley no permite vender a un coste inferior al de la propia rehabilitación».
Aunque las viviendas están financiadas íntegramente por el Concello, las bases de adjudicación son similares a las de protección oficial, por lo que, «para evitar una posible especulación», añadió el edil, «el pliego establece que los pisos no se podrán transmitir intervivos por un período mínimo de diez años desde la formalización de la escritura de compraventa».
La cláusula es utilizada por los bancos, según los afectados, para que el valor de la tasación no alcance el del mercado, aunque se considere vivienda nueva, por lo que no avalan la totalidad del préstamo.
Los afectados intentan buscar fórmulas de financiamiento alternativas para no tener que renunciar a las viviendas. Son familias monoparentales, menores de 45 años y con tanta ilusión como dificultad para acceder a una hipoteca.