Dispararon en 400 millones de euros el coste de colegios, hospitales y obras públicas
18 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La integridad moral y comercial del sector de la construcción británica quedaba ayer en entredicho tras revelarse que cien de las más importantes empresas de este país habían formado un cártel cuyo objetivo era elevar los precios de miles de contratos por edificios públicos como hospitales, universidades y colegios. La investigación que desveló el entramado ha sido conducida por la Oficina de Comercio Legítimo (OFT) durante los últimos cuatro años. Ahora las multas se calculan en cientos de millones de euros.
El cártel británico descubierto ayer está formado por 112 firmas, que aglutinan el 6% de toda la construcción del Reino Unido, entre las que destacan Balfour Beatty, encargada de construir la piscina de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Junto al gigante del ladrillo, se sitúan en la trama otras firmas de prestigio como Carillion, Connaught, Interserve o Kier. La investigación de la OFT se centró en lo que se denomina «precio encubierto», por el que supuestamente las compañías fijaban un coste muy elevado de las contratas y simulaban competir por ellas. Ese pacto entre constructoras incluía un acuerdo por el que el ganador de cada concurso entregaba una suma de dinero a las compañías excluidas a través de facturas falsas, según ha revelado la OFT.
Esta táctica suponía, en ocasiones, un aumento de los precios de un 10% comparado con el que obtendrían en una situación de competencia normal. La investigación de la OFT les permitió descubrir que el precio que ofrecían por la construcción de un colegio era un 25% mayor, después de que cuatro compañías pujasen por la misma obra con valores excesivamente altos. En otra ocasión, la oferta ganadora para la construcción de una escuela primaria fue unos 800.000 euros superiores al presupuesto del cliente -en este caso, un ayuntamiento.
Daños a la economía
Durante los cuatro años de investigación, la Oficina de Comercio Legítimo examinó numerosos contratos que excedían el valor real en docenas de millones de euros. «La actividad del cártel daña la economía, distorsiona la competitividad y alza los precios artificialmente», indicó ayer John Fingleton, director general de OFT.
Stephen Ratcliffe, director general de la Confederación de la Construcción del Reino Unido, que representa a la mayoría de las compañías investigadas, indicó que «se trata de una situación de acuerdo de precios en la que no existía la intención de robar un penique de los contribuyentes», aunque algunos medios británicos calculaban que los supuestos pactos en la construcción le han costado unos 400 millones de euros a los contribuyentes.
Ratcliffe mostró la preocupación de la Confederación sobre las posibles multas que se le impongan a las firmas implicadas, «ya que el sistema de penalizaciones de la OFT se basa en los ingresos de la empresa y existe el riesgo de que las multas sean desproporcionadas en una firma con grandes ingresos, pero con márgenes de beneficio son pequeños». Según la legislación británica, cualquier compañía que forme parte de un cártel se le aplicará una sanción equivalente al 10% de sus ingresos mundiales, aunque la sanción se reduce si colaboran con la investigación.