El sistema de cuotas que regula la producción lechera en la UE ha obligado a los ganaderos gallegos a hacer un esfuerzo de adaptación y modernización sin precedentes que les ha obligado a asumir cuantiosas inversiones, y que ha dejado en la cuneta a miles de explotaciones en los últimos años. Así que si quiere suprimir esa herramienta, deberá también idear las fórmulas para compensar a Galicia y permitirle competir en pie de igualdad con el resto de las regiones lecheras de la Unión.
Esa es la tesis que llevó ayer a Bruselas el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, quien se reunió con la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ideóloga de la nueva reforma de la política agraria común de los Veintisiete. La idea de la comisaria es acabar con el sistema a partir del 2015, e ir ampliando las cuotas hasta liberalizar el sector. La Xunta rechaza ese escenario, pero la Comisión ya ha advertido de que su decisión no tiene vuelta atrás.
Inamovible
Su postura, además, parece inamovible, y no solo porque el fin de las cuotas estaba pactado desde el 2003. También porque, en el marco reglamentario de la reforma, solo cabría revocarla mediante un acuerdo por unanimidad de los Veintisiete o por un cambio de opinión de la comisaria. Y ambas posibilidades resultan demasiado improbables como para apostar por ellas.
El conselleiro de Medio Rural se mostró ayer consciente de la situación, y aunque expuso a la comisaria la rotunda oposición gallega a su propuesta, dio a entender que la batalla debe librarse ahora en la letra pequeña de la reforma, para lograr que sus términos no perjudiquen aún más a Galicia.
«As cotas limitaron durante anos a posibilidade de crecemento e expansión das explotacións galegas. Desapareceron moitísimas, e as que quedaron tiveron que facer un gran esforzo inversor que ten que ser contemplado agora», dijo el conselleiro.
El temor de la Xunta es que el aumento de derechos de producción que propone Fischer Boel se reparta equitativamente entre todos los países, sin tener en cuenta que en algunos de ellos, especialmente Francia, la cuota supera con creces la capacidad productiva, lo que les permite invadir los mercados de otros socios, como España, que padecen la situación inversa. «Non é xusto que Francia teña un incremento de 600.000 toneladas e España de 120.000», señaló Suárez Canal, poniendo de ejemplo el aumento lineal del 2% acordado recientemente por los ministros de Agricultura, y que entró en vigor el pasado día 1.
Reconversión
A su juicio, cualquier nuevo incremento debe favorecer a los productores de las regiones deficitarias, no a los de países excedentarios. Y no solo porque estos apenas han sentido los efectos de la reconversión, sino porque tampoco serán los más perjudicados por la previsible bajada de precios que acarreará la liberalización de la oferta de leche.
El conselleiro recordó que el Gobierno, encargado de negociar las condiciones de la reforma, es consciente de sus demandas. Pero a pesar de las dificultades también envió un mensaje de optimismo: «Calquera que sexa o escenario no 2015, o sector galego estará preparado para resistilo».
Por otro lado, Xóvenes Agricultores denunció ayer que el Ministerio de Agricultura ha practicado retenciones por valor de 21 millones de euros a más de 4.500 ganaderos en concepto de multa por sobreproducción «inexistente». El sindicato afirma que esa medida provoca que la mitad de las granjas gallegas percibieran en marzo 11 céntimos menos por litro de leche.