Las cajas quieren que se reduzca a la mitad la representación pública en sus órganos rectores
ECONOMÍA
Las cajas de ahorro han empezado a preparar las sugerencias que le harán al nuevo Gobierno. Conocen por experiencia que los políticos prestan atención específica a su regulación, dado el carácter especial de su régimen jurídico. Como primera propuesta, se plantean que se reduzca la presencia de representantes públicos en sus órganos rectores a un máximo del 25%, cuando la actual ley sitúa ese techo en el 50%. Piensan que mejorará su profesionalización y estarán menos expuestas si se rebaja el peso político y aumenta el de otros sectores, como los propios clientes.
Aspiran, además, a la supresión de los obstáculos que hacen prácticamente imposibles las fusiones entre cajas de distintos territorios. La disputa por el control de la entidad resultante es un factor que lleva a desistir de esa iniciativa.
Finalmente, la situación de los mercados supone una dificultad añadida en el camino emprendido por algunas cajas de ahorro, que decidieron colocar en Bolsa sus participaciones industriales.
Todavía es pronto para evaluar el lanzamiento de Criteria por parte de La Caixa -que se produjo en plenas turbulencias-, pero parece claro que esa no es una vía fácil de seguir en estos momentos. Y las entidades, que no pueden emitir acciones directamente, se están viendo en problemas para captar recursos de capital.
Disponer de las provisiones
Los bancos también hacen propuestas técnicas. En tiempos de bonanza, las entidades han ido atesorando 35.000 millones de euros de provisiones para uso en tiempos difíciles. El grueso de esos fondos -un 80%- han sido de carácter genérico, es decir, que no correspondían a ninguna previsible dificultad. Algunas entidades piensan que ese dinero podría empezar a computarse como recurso propio. Pero todavía no se dan las circunstancias requeridas para que ese colchón se pueda utilizar. Otras sugieren la rebaja del coeficiente de caja, los fondos que un banco o caja debe mantener como reservas líquidas. Esta última normativa tiene rango europeo, y la exigencia es similar en todos los países del área.