El Tribunal Supremo ha liberado al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, del último proceso judicial que aún perturbaba su futuro (atrás quedan ya las indemnizaciones multimillonarias a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, o las históricas cesiones de crédito y su opacidad fiscal), si bien ya en un grado bastante reducido después de que la misma causa fuera archivada hace un año por la Audiencia Provincial de Cantabria. El asunto en cuestión fue el traspaso anómalo, entendido como regalo por servicios prestados, del 1% de las acciones de Banesto al entonces equipo directivo de Alfredo Sáenz.
En una resolución breve, notificada ayer a las partes personadas, los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal desestiman por completo los escritos presentados por las acusaciones particulares al considerar que la primera sentencia ya era, de por sí, «irrecurrible». En este sentido, explican que el primer órgano competente para resolver este caso eran los juzgados de lo penal de Santander (que no intervinieron porque ni siquiera hubo juicio) y, por encima de ellos, la propia audiencia cántabra, «no siendo en ningún caso susceptible de impugnación casacional [ante el Supremo], sino únicamente de apelación [ante el órgano provincial]».
Penas de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción, llegó a presentar un escrito de acusación donde pedía penas de hasta seis años de cárcel para Botín, seis ejecutivos del Santander y otros dos de Banesto.