Todos los grupos políticos reclamaron ayer al vicepresidente la adopción de medidas para frenar la escalada
11 ene 2008 . Actualizado a las 13:59 h.El ministro de Economía y vicepresidente segundo, Pedro Solbes, reconoció ayer en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, ante la que compareció a petición propia aunque coincidiendo con la solicitud de IU y PNV, que la elevada tasa de inflación, estimada por el INE para diciembre en el 4,3%, «supone una erosión de la renta disponible familiar, y en ese sentido preocupa al Gobierno».
Pero esa preocupación no se traducirá, como reclamaron todos los grupos políticos -a excepción del PSOE- en la adopción por parte del Gobierno de medidas destinadas a frenar la escalada de los precios. De hecho, el vicepresidente negó categóricamente que la subida del IPC refleje problemas de fondo de la economía española, y concluyó que «nada sería peor que adoptar medidas de choque en respuesta a este temporal repunte inflacionista, porque solucionan un problema político a corto plazo para el Gobierno, pero a costa de generar en el medio plazo problemas económicos para la sociedad».
Desaceleración, no crisis
El ministro insistió en que estamos no ante una crisis, sino ante una «gradual desaceleración», originada por una «coyuntura internacional menos favorable y un progresivo ajuste en el sector inmobiliario», y subrayó que era «previsible» e incluso «saludable» y que la economía española -cuyo crecimiento en el último trimestre del 2007 estimó en un 3,5%- lo puede afrontar con una «gran tranquilidad».
Tras hacer un repaso a las grandes cifras de la legislatura, calificada por el portavoz del PSOE, López Garrido, como «la más brillante de la historia de la democracia en términos económicos y sociales», Solbes apostilló que el Ejecutivo «ha desarrollado una política antiinflacionista con horizonte de largo plazo», por lo que no atendió la exigencia de adoptar medidas. Martínez Pujalte, portavoz del PP, fue el único que hizo una lectura catastrofista de la situación, y acusó al ministro de no tener «carácter» para gestionar una crisis que ha quebrado la confianza de la sociedad.
Ninguno otro grupo calificó de «crisis» el actual panorama económico, aunque manifestaron su preocupación por el «menor crecimiento» y su repercusión en las familias con rentas bajas, por lo que pidieron «soluciones». CiU, por ejemplo, planteó que el Consejo de Ministros aprobara hoy una bajada del 5% en las retenciones, así como la reducción al 7% del IVA de las facturas de la electricidad y del gas. «No hay que ser catastrofistas, pero tampoco estamos en el país de las maravillas que describe Zapatero», insistió el portavoz de CiU, Sánchez Llibre.
En similares términos se manifestaron el resto de las fuerzas, como ERC, BNG o IU, que reclamaron «autocrítica» y «realismo» sobre la desaceleración y sus consecuencias, especialmente para las familias con menos recursos y para los desempleados, que aumentaron en noviembre un 5% respecto al 2006.
Morosidad en las hipotecas
Pese al mensaje de tranquilidad de Solbes, ayer la Asociación Hipotecaria Española (AHE) anunció que la morosidad en los préstamos hipotecarios subió en septiembre hasta el 0,632%, lo que la sitúa en su nivel más alto en cinco años. Aunque el porcentaje sobre el total de créditos que podrían convertirse en impagados es bajo -en 1993 se llegó al 4%- lo que preocupa es la velocidad a la que crece.
Igualmente, ayer el Banco Central Europeo (BCE) acordó no variar el tipo de interés oficial, situado en el 4%; y, de forma conjunta con la Reserva Federal estadounidense (Fed), realizar una nueva inyección de liquidez en dólares a lo largo de este mes. El presidente de la Fed, Ben Bernanke, también dijo ayer que las perspectivas de crecimiento económico de EE.?UU. para este año han empeorado y que pueden ser necesarias nuevas bajadas del precio oficial del dinero.