El Gobierno gallego aprobará hoy el decreto que fija las nuevas reglas de juego para explotar el viento en Galicia. Se trata del proyecto estrella de la Consellería de Industria, y con él se pretenden, básicamente, dos cosas: por una parte abrir el mercado a nuevos operadores, para lo que ya se han postulado varios candidatos, y por otro garantizar la participación pública en los proyectos, de modo que parte de los beneficios generados por el viento que sopla en la comunidad repercutan directamente en la sociedad gallega.
El texto definitivo superó ayer el penúltimo trámite, la comisión de secretarios, y hoy será aprobado por el Consello de la Xunta. La norma ha sufrido muchas variaciones desde la presentación del primer borrador, en marzo pasado, pero el departamento que dirige Fernando Blanco ha mantenido las líneas básicas de la reforma. La participación pública en los parques, que en el texto original era obligatoria y debía de ser como mínimo de un 10%, se ha dejado en una «medida de mejora voluntaria», de modo que no será excluyente, pero sí podrá sumar hasta un 30% de los méritos.
La oposición del sector eólico, que esgrime sendos informes de los servicios jurídicos de la Xunta y del Consello Consultivo contra la legalidad del decreto, garantiza una batalla legal que podría llegar a paralizar la orden con la que Industria pretende repartir en enero 2.400 megavatios.