Acusa al ejecutivo de no iniciar negociaciones con este objetivo nueve meses después de aprobarlas el Parlamento
03 jun 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El portavoz de Infraestructuras del PP, Alejandro Gómez Alonso, propuso ayer en la comisión de Obras Públicas del Parlamento habilitar descuentos por uso habitual en las autopistas de peaje gallegas, ante la negativa de la Xunta de diseñar una estrategia reivindicativa que permita abaratar unas tarifas situadas entre las más altas de España. Alonso responsabilizó de esta realidad «á compracencia da Xunta de Galicia respecto ao Goberno central. De feito, desde que Pérez Touriño é presidente da Xunta non se teñen rexistrado avances na redución de peaxes nas autoestradas galegas, mentres este tipo de medidas se suceden para outros territorios do Estado».
El diputado forcaricense señaló que en el caso de la AP-53 el coste por kilómetro llega a 0,12 euros, superior incluso a los 0,11 de la AP-9 entre Vigo y Pontevedra, con una subida de 10 céntimos este año hasta llegar a 4,90 euros para el tramo Santiago-Lalín, y un incremento de 1,43 euros desde 2004, en una espectacular alza del 41,21%.
Por otra parte, destacó que el gobierno bipartito está a punto de concluir su tercer año de mandato «sen iniciar sequera as xestións previas encamiñadas a solicitar a transferencia a Galicia da xestión das autoestradas para poder actuar así sobre as peaxes». Cree que la transferencia de autopistas no solo permitiría mejorar la conexión entre áreas urbanas de Galicia, sino fijar descuentos por uso habitual, que en vías como la AP-41 de Madrid a Toledo llegan al 50%. Además, recordó que nueve meses después del acuerdo parlamentario para iniciar negociaciones para rebajar el peaje de la AP-53, la Xunta sigue sin cumplirlo, ni en la AP-9.
En la misma línea, Alonso se refirió al estudio de reducción de costes para incrementar usuarios en la AP-53, anunciado por Caride en el 2006 en Lalín, y sobre el que el PP obtuvo como respuesta cunado lo solicitó que «a Xunta non tiña constancia da súa existencia porque este asunto non é de competencia autonómica».