La jueza mete al Zaragoza en concurso y lo blinda contra un posible descenso
DEPORTES
La decisión, en tiempo récord, impide cualquier pago por Lafita hasta que finalice el proceso
15 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La ley le daba 30 días, pero la jueza María del Carmen Vilellas apenas ha tardado una semana en resolver la entrada en concurso del Real Zaragoza, atajando así en principio cualquier posibilidad de pérdida de categoría del club, como amenaza con reclamar el Deportivo. Desde Riazor se aseguraba ayer que hoy se presentará ante la Liga la solicitud de descenso del equipo maño con motivo de la deuda que este todavía mantiene por el traspaso de Lafita; sin embargo, las posibilidades de éxito de esta reclamación se esfumaron en gran medida con la admisión a trámite del concurso voluntario de acreedores dictada por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza.
Vilellas dio como buena la documentación presentada por la entidad, en la que se reconoce una deuda de unos 110 millones de euros, y nombró a los que serán sus administradores concursales. Así, el Dépor se sumará a la lista de acreedores y su solicitud de pago será satisfecha dentro de las directrices que finalmente se acuerden durante el proceso.
La entidad coruñesa pretendía seguir un camino ya abierto por el Elche, que recientemente exigió el descenso del Betis por los impagos en la venta del jugador Jorge Molina. Los ilicitanos no tuvieron éxito en su intento de separar las vías deportivas y económicas (pretensión idéntica a la blanquiazul) y se encontraron con que lo dispuesto por la Justicia ordinaria chocaba con el reglamento de la Liga. Si la última estipulaba la pérdida de categoría de equipos con deudas con otros clubes, la primera, a través de distintas sentencias y autos judiciales, anula cualquier medida que reduzca los recursos y el normal funcionamiento de la entidad en concurso.
El último ejemplo llega desde Córdoba, donde un auto del magistrado Fernando Caballero García establece «la suspensión de las medidas preventivas acordadas por la Real Federación Española de Fútbol». En este caso, hace referencia a la no expedición ni renovación de licencias a futbolistas y entrenadores. Según Caballero, «existe una imposibilidad jurídica para que la entidad concursada pueda atender los pagos». Cantidades menos llamativas en el caso de los andaluces (lo debido roza los 15 millones de euros) que en el de los maños, cuya deuda convierte su concurso voluntario en el mayor solicitado por un club de fútbol en España.