Dos meses después de que Las Palmas se agarrara al salvavidas de la Ley Concursal, el juez que llevó el caso canario mostraba su perplejidad por la falta de otros clubes endeudados que secundaran la iniciativa. «A partir de ahora, el concurso se calificará como culpable para esos clubes insolventes. Esto conlleva el examen de la gestión de los consejos de administración de los dos últimos años por parte de los administradores concursales para dirimir responsabilidades», explicaba Juan José Cobo.
Así ha sido y aquellos que se han acogido después al proceso han sido sometidos a un exhaustivo análisis por parte de los administradores. Algo que ha derivado en diagnósticos demoledores, como el del Levante, en el que se culpaba a las instituciones públicas (Federación, Liga y CSD) por su dejadez en la supervisión de las cuentas del club.
En otros casos, las acusaciones han recaído sobre los dirigentes, generando actuaciones judiciales. En el Celta, los administradores apuntaron al expresidente Horacio Gómez, al ex director general Alfredo Rodríguez y al auditor José María Patiño como posibles responsables de la crisis económica celeste. Esto provocó la apertura de un juicio, todavía pendiente. Una situación que explica las reticencias de ciertos presidentes a la hora de adoptar una medida destinada a sanear las cuentas de entidades deportivas con notables deudas y cuya viabilidad económica está en entredicho. Estos dirigentes pretenderían sortear la posibilidad de acabar respondiendo con su propio dinero por su mala gestión.
En el caso del Celta, los encausados podrían verse obligados a desembolsar una cantidad superior a los 16 millones de euros si finalmente son considerados culpables.