«Es el primer caso y resulta que le viene a tocar aquí al Celta, a Horacio... Qué se le va a hacer», dice su abogado
DEPORTES
El entorno de Horacio Gómez sigue sin tener constancia de la demanda presentada por Hacienda y aunque no quiere pronunciarse hasta que le den traslado no ha disimulado su sorpresa por que el ex presidente del Celta haya sido el señalado por la Agencia Tributaria.
Javier Búa, el letrado del que fue presidente del conjunto celeste durante once años, admitió que no tenían constancia de la reclamación. «Nosotros, hasta que nos den traslado, no tenemos ni la más remota idea. Hay que esperar a ver lo que han planteado y cómo lo han planteado y qué es lo que se pretende. No tengo ninguna información, cero». Apuntó a continuación que «hay un dicho entre los abogados que dice que la mujer y el papel hasta el culo debes ver, y yo hasta que tenga los papeles no tengo nada que decir, porque necesito ver esos papeles no me puedo hacer una composición de lugar, máxime por la gravedad de lo que estamos hablando por lo que vosotros indicabais y por quién está enfrente. Hay que ser prudentes y discretos y cuando nos den traslado nos pronunciaremos».
Al margen del desconocimiento, no parece sentarle demasiado bien a la defensa de uno de los demandados que tenga que afrontar un caso sin apenas precedentes en los clubes de la Liga española: «Es el primer caso del fútbol español y resulta que le viene a tocar aquí al Celta, a Horacio... Pues qué se le va a hacer. Habrá que esperar. Ya veremos si es el primero o el último, tendremos que esperar a que nos den traslado y hacernos una composición de lugar».
No intervendrá la fiscalía
No habrá intervención del Ministerio Fiscal en Vigo. Así lo confirmó el fiscal jefe en los juzgado de la ciudad a La Voz de Galicia.
El argumento para no hacerlo apunta a que se trata de un asunto entre particulares, un acreedor y un deudor. Según el mismo punto de vista se trata de un caso que se resolverá en juicio ordinario.
Además, se apunta a un segundo aspecto relacionado por la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Pontevedra, que emitió un escrito de culpabilidad después del informe de la administración concursal. Considera en este sentido la Fiscalía que ya existe un pronunciamiento al respecto, aunque en este caso circunscrito a la depuración de responsabilidades.